Ley del aborto

Los hospitales públicos tendrán que tener médicos que practiquen abortos

La reforma de la ley contempla la eliminación del periodo de reflexión de tres días y el consentimiento paterno para menores a partir de 16 años

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. / EFE

Violeta Molina Gallardo

La reforma de la ley del aborto toma cuerpo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha desvelado este martes en el Congreso de los Diputados los aspectos claves del texto que ha elaborado su departamento y en el que garantizar la interrupción del embarazo en la sanidad pública de todas las provincias y a todas las mujeres será el pilar fundamental. Para hacerlo, Igualdad reproducirá el modelo de la ley de eutanasia para respetar la objeción de conciencia de los médicos. Así lo recoge El Periódico de España.

"Mi propósito es blindar el acceso al derecho al aborto en centros públicos. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. (...) Esta ley garantizará que la mujer que lo decida pueda abortar sin tener que recorrer cientos de kilómetros o irse a un hospital privado", ha aseverado Montero ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Para garantizarlo, se recurrirá al modelo de regulación de la objeción de conciencia que desarrolló la ley de eutanasia: "Es un derecho constitucional que tiene que garantizarse, pero que no puede suponer una barrera o un impedimento en el ejercicio de los derechos de las mujeres", ha añadido Montero.

En esta comparecencia, la ministra ha hablado por primera vez de forma oficial de los términos de la reforma de la ley del aborto, que su equipo negocia en la actualidad con su socio de Gobierno.

Obstáculos

La titular de Igualdad ha criticado que en 2020 hubo doce provincias en las que no se notificó ni una sola interrupción del embarazo en los últimos cinco años: Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Las mujeres en el 2022 no tienen que desplazarse hasta Londres como en los 70, pero sí que irse a otro territorio, lejos de su casa, lejos de sus amistades, lejos de sus familias, para poder ejercer su derecho a decidir", ha lamentado Montero.

La ministra ha avanzado que la reforma acabará con el periodo de reflexión de tres días, con la obligación de entregar a las mujeres que vayan a abortar un sobre y con el requisito de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo.

"Aún hoy en nuestro país muchas mujeres que deciden abortar reciben como respuesta un trato que las infantiliza y cuestiona sus decisiones. (...) Muchas mujeres deben desplazarse cien o doscientos kilómetros para poder llegar a un centro en el que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo porque no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo y después de ese camino, esas mujeres reciben un sobre en el que se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres, a pesar de que hayan tomado ya la decisión de interrumpir su embarazo. Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas en el momento en el que las toman", ha enfatizado.

Las mujeres podrán decidir el método de interrupción del embarazo y una vez acudan a su centro de salud para solicitarlo, será derivada inmediatamente a un centro hospitalario por un procedimiento de urgencia. La norma contempla una línea telefónica especializada a la que pueden recurrir las mujeres para recibir información y conocer los derechos que le asisten.

El borrador elaborado por Igualdad también pretende combatir la violencia obstétrica, proteger la salud menstrual de las mujeres (asegurando que todas puedan acceder a productos de higiene íntima), promoverá la educación sexual en todos los niveles educativos, pondrá en marcha un permiso preparto para mujeres embarazadas.

Montero ha incidido en que la futura ley garantizará el derecho al aborto a "todas las mujeres": "El acceso a estos derechos no puede depender del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o el pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tiene o no algún tipo de discapacidad o de si tiene o no papeles. Deben existir servicios públicos e instituciones que garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos y para todas las mujeres".

Oposición de la derecha

Durante su intervención, la titular de Igualdad ha criticado duramente a la derecha por cuestionar "de forma permanente y agresiva los avances de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" al entender, ha dicho, que es un indicador de libertad y autonomía.

"El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo debe ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos debe responder, a qué manera de vivir la maternidad debe adecuarse o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad. El control del cuerpo de las mujeres, y en concreto de nuestra capacidad reproductiva, es una de las mayores armas del machismo contra nuestra libertad", ha aseverado.

"La derecha, en su oposición a la garantía del derecho al aborto y en la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como uno de los pilares de su propuesta política, demuestra no sólo su machismo, su voluntad de que las mujeres no seamos libres e iguales, sino sobre todo la profunda ineficacia de sus propuestas políticas", ha continuado.

Montero ha asegurado que los intentos por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reduce el número de interrupciones, sólo crean inseguridad, pobreza, sufrimiento y riesgo para la vida de las mujeres, mientras que el acceso a anticonceptivos modernos, la educación sexual, la despenalización del aborto y su incorporación a los servicios públicos de salud inciden en su disminución.

A juicio de la ministra, es "un enorme riesgo para la democracia que el PP pide volver a la ley del aborto del 85 y declaraciones que califican la interrupción del embarazo como un fracaso, como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues promueven "la estigmatización, el juicio y la discriminación de las mujeres en el ejercicio de un derecho fundamental para poder decidir sobre sus cuerpos y sus vidas".

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En 2020, último año del que hay cifras oficiales, hubo en España 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo. Fueron casi un 11% menos que el año anterior, debido al contexto de pandemia sanitaria.

La mayoría de los centros sanitarios que realizan estas intervenciones son privados, sólo el 15% de los abortos se llevaron a cabo en centros públicos. En cuatro comunidades autónomas ningún centro público practicó abortos: Cantabria, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Ceuta y Melilla, ningún centro, ni público ni privado, lleva a cabo esta práctica, obligando a las mujeres que la requieran a desplazarse a la península. Y en Andalucía, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Cantabria sólo hay un centro público.

El 90% de los abortos se practican a petición de la mujer, el 5,7% por un grave riesgo para la salud de la embarazada, el 3,7% por graves anomalías fetales y un 0,3% por anomalías incompatibles con la vida.

La mayoría de las interrupciones del embarazo se producen antes de las 8 semanas de gestación (7 de cada diez) o de las 9 a las 14 semanas (22,8%).

Las autonomías con una mayor tasa de embarazos por cada mil mujeres en edad fértil son Cataluña, Asturias, Baleares y Murcia. En el otro extremo, las que menos abortos registran son Ceuta, Melilla, Galicia y La Rioja.