Jorge Álvarez se baja del tractor de un salto, se sienta en el bar de Callejo de Ordás, en León, y empieza a disparar su historia. “Tengo 35 años y empecé con 20 en la agricultura. Compramos primero un tractor y fuimos poco a poco para seguir el camino de mis abuelos. En 2010 mi hermana Ana se dio de alta. Cuando cogimos las tierras pues no valían para nada y ahora tenemos unas 900 hectáreas de cultivo. Plantamos colza, trigo, cebada, triticale, espelta, camelina y forraje”. 

Jorge enseña el terreno junto a su hermana Ana, agricultora con él, y su padre, del que heredaron el oficio. Son tierras de secano por las que reciben subvenciones. Su hermana incluso recibió un premio como destacada agricultora joven de Castilla y León.

Pero ahora tienen un problema inesperado. Desde hace dos años pende sobre ellos una amenaza. El terreno que cultivan es propiedad de las juntas vecinales, los organismos inframunicipales que rigen la montaña leonesa. “En 2019 recibimos una llamada diciendo que teníamos que dejar el terreno porque la fotovoltaica pagaba 10 veces más que nosotros y que era motivo suficiente para rescindir el contrato. Ni nos indemnizan ni podemos sembrar”.

El boom renovable, alimentado por el plan nacional integrado de energía y clima, ha disparado el apetito por el suelo en la España vaciada. En teoría eso es una muy buena noticia para estos pueblos. Pero, al bajarlo al terreno, ha aparecido un problema imprevisto: los suelos más apetecibles para la fotovoltaica son los ya roturados y cercanos a los pueblos, que son los que utilizan los pocos agricultores que quedan. Es el caso de los Álvarez.

El boom renovable, alimentado por el plan nacional integrado de energía y clima, ha disparado el apetito por el suelo en la España vaciada

Jorge lamenta ir en dirección contraria a su tiempo. “Nos hemos gastado mucho dinero en producción. Estaba lleno de maleza. Metimos dinero para reparar el terreno y ahora lo quiere todo el mundo. Tenemos cuatro tractores y una cosechadora y ahora qué hacemos con ellos”.

El pueblo está roto por la fotovoltaica. Muchos vecinos quieren que se instale. Se han agrupado al rededor de la plataforma Espinosa Sostenible, que preside Leonardo García. “En teoría es una buena oferta. Pero, claro, los que se están aprovechando del monte que pertenece a todo el pueblo no quieren”, explica por teléfono. 

Las eléctricas, explica, “pagan muchísimo más que los agricultores”: “Estos [los Álvarez] pagarán 4.000 o 5.000 euros y podemos llegar a hablar de 300.000 al año”, y enumera todo lo que podría hacer: “Joder, podríamos atender a los mayores y crear puestos de trabajo para las muchachas, becas para los niños…”.

"Está todo el pueblo en contra de nosotros. El pedáneo ha dicho que no iban a parar hasta echarnos"

Ana pide buscar un acuerdo: “Hay sitio para todos, para caza, setas, fotovoltaica y agricultores. Pero es que además nosotros estábamos primero”. Pero su hermano es realista: “Está todo el pueblo en contra de nosotros. El pedáneo ha dicho que no iban a parar hasta echarnos”. “Yo me siento amenazado. Si el tractor no arde este año será el que viene”.

En Espinosa es un Monte de Utilidad Pública desde 1887 así que depende de lo que decidan los vecinos. El conflicto es tal que llegó a haber un amago de moción de censura para quitar a Ana, la hermana de Jorge, de pedánea. Ella dimitió días antes. También hay acusaciones de empadronamientos ficticios para decantar la balanza, riñas vecinales y maledicencias varias. 

Los Álvarez, en su tierra en León. R. M.

Los partidarios de la fotovoltaica niegan que haya otro terreno factible. “El pueblo tiene sobre unas 1.200 hectáreas pero no se puede poner donde hay roble y pino. Nos quedan 600 hectáreas pero es lo que ara esta familia”. La eólica necesita los terrenos elevados y durante su despliegue no ha generado estos problemas pero la fotovoltaica requiere de terrenos llanos y bien conectados, los que usan los agricultores.

No es solo esa posible planta fotovoltaica. A los Álvarez les han surgido problemas en todos los pueblos de alrededor donde tienen terreno arrendado. Jorge enumera la retahíla de pedanías donde les han pedido de una forma u otra ir despejando el terreno: “Lorenzana, Cuadros y Santibáñez de Bernesga… En Lorenzana teníamos un contrato con la junta vecinal de ocho años. Pasaron cuatro y septiembre de 2020 vimos en el boletín oficial que se sacaba a licitación pública ese terreno y que teníamos que cerrar la explotación”.

Central térmica de La Robla, en León. EPE

La comarca es ideal para la fotovoltaica. En 2020 cerró la térmica de la Robla, que cuya chimenea asoma allí al fondo. Llevaba 50 años quemando carbón para producir electricidad. Tras de sí dejó un reguero de paro pero también una línea eléctrica perfecta para evacuar una gran cantidad de potencia instalada. El acceso a la red eléctrica ya generó casos de corrupción durante el boom renovable de los 2000.

Carlos González Antón, catedrático de Administrativo de León, ha asumido la defensa de los Álvarez. González-Antón es un viejo conocido de las eléctricas a las que ha parado gran cantidad de proyectos eólicos por errores durante la tramitación. “La transición energética es necesaria, pero se están cometiendo los errores de antes: no se planifica”, explica González-Antón en su despacho en León. “Los meten en todo tipo de suelos, como montes de utilidad pública, presionan a los Ayuntamientos para cambiar normas de forma antijurídica”.

El proceso implica a todas las Administraciones pero los Ayuntamientos son el eslabón más débil. “Por un lado está Red Eléctrica, por otro las comunidades y luego el ministerio.

Antes la presión estaba en suelo urbano y ahora llega un proyecto estatal brutal de ocupación del suelo rústico y las Administraciones no están preparadas. Todo chirría. En el fondo es una extracción de recursos del medio rural. Es un proceso especulativo como antes se daba en las ciudades”, añade. Y ya sabemos cómo acabó aquel.