La gerente y el tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, han insistido este lunes en su declaración como imputados ante el juez del llamado 'caso niñera' en que Teresa Arévalo, actualmente asesora del Ministerio de Igualdad, no se dedicaba al cuidado de los hijos de la ahora ministra, Irene Montero, cuando era candidata a las elecciones generales de 2019, periodo al que se ciñen los hechos investigados.

Val y De Frutos han ratificado ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, lo que ya expuso la propia Arévalo en su comparecencia como imputada del pasado miércoles.

Así, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, han afirmado que Arévalo no tenía entre sus funciones cuidar de los hijos de Montero, sino que era su jefa de Gabinete y como tal la acompañaba a los actos electorales. Val ha manifestado en este sentido que, dado que la niña era una lactante, iba siempre con su madre y que en momentos puntuales otros miembros de su equipo y del partido, incluida la propia gerente, atendieron a la bebé.

Además, han vuelto a subrayar que Arévalo cobraba entonces del grupo parlamentario de Podemos, no del partido morado. A este respecto, el tesorero ha explicado que el viaje a Alicante para asistir a un mitin electoral, que centra esta causa, se incluyó en los gastos electorales por desplazamiento o transporte, recordando que ya fueron avalados por el Tribunal de Cuentas.

En un principio estaba previsto que ambos acudieran a sede judicial en calidad de testigos, pero la Fiscalía pidió al magistrado su imputación al considerar que "tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonados con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos, como gerente y tesorero, fueron quienes "ordenaron el pago".

Escribano investiga si hubo delito alguno en el viaje que la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, Arévalo como jefa de Gabinete y el resto del equipo electoral hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019. De acuerdo con el relato de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, que comparecerá ante Escribano el próximo 27 de julio, la líder morada dejó a la niña al cuidado de su colaboradora mientras intervenía en el mitin.

Podemos espera el archivo

El abogado del tesorero de Podemos, Raúl Maíllo, entiende que estas declaraciones vienen a confirmar que "no hay causa". "Se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio", ha dicho a la prensa desde los Juzgados de Plaza de Castilla. Para el letrado de De Frutos, el "bulo" que a su juicio supondría la acusación contra Arévalo ha quedado al descubierto porque "se sigue acreditando que desarrollaba sus funciones ordinarias como jefa de Gabinete" de Montero.

Maíllo se ha mostrado seguro de que las supuestas funciones de niñera de la hija de Montero "no se van a poder acreditar", porque "no existen", de modo que ha confiado en que el procedimiento concluya "cuanto antes".

Vox pide seguir investigando

En cambio, desde el otro extremo, la abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce de acusación popular en este caso, ha considerado que es necesario seguir investigando, anunciando ya que pedirán nuevas diligencias a Escribano. Uno de los puntos sobre los que ahondar, ha valorado Castro, es determinar de quién cobraba Arévalo cuando se produjeron los hechos, ya que --de acuerdo con la letrada-- habrían tenido lugar en un intervalo de tiempo en el que "deja de ser diputada antes de volver a tener un cargo electo".

Además, la vicesecretaria jurídica de Vox ha estimado "muy relevante" lo manifestado por Victor Martins, responsable de seguridad de Podemos, que ha sido interrogado este lunes como testigo. Castro ha explicado, también en declaraciones a los medios, que Martins ha manifestado que no sabía que Montero viajaría a Alicante con su hija, precisando que se coordinaba con la Policía Nacional para estos asuntos.

Por ello, Vox cree que hay que profundizar "en la vía de intervención de la Policía Nacional en la seguridad del acto" electoral para contar con el relato de "alguien objetivo", ya que hasta ahora solo han declarado los propios imputados y Martins. Escribano investiga este viaje electoral a Alicante desde el pasado mes de abril, cuando acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como imputada a la asesora política por un presunto delito de administración desleal, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo.