Seis años después del Acuerdo del Clima de París, España ya tiene su primera ley integral para luchar contra el cambio climático. Con 22 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Ciudadanos, PNV y Teruel existe), cinco en contra (Vox) y diez abstenciones (PP y Más País), la ley de cambio climático y transición energética fue aprobada ayer en la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y remitida al Senado para su ratificación definitiva sin necesidad de regresar a la Cámara Baja.

La norma es «absolutamente necesaria» porque sobre sus artículos «se apoyará la reconstrucción económica y social de nuestro país en un contexto de crisis climática y de pandemia global», remarcó la portavoz socialista, Eva Patricio Bueno.

La ley reconoce la emergencia climática y apuesta por una economía más verde y descarbonizada. En su articulado se establece que en 2030 habrá una reducción del 23% en la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Ese mismo año, el 74% de la electricidad se generará con fuentes renovables (eólica, solar...) y el porcentaje llegará al 100% en 2050, el año de la neutralidad climática. Además, la norma incluye entre otras las siguientes medidas:

Automoción

Los turismos y vehículos comerciales ligeros y no destinados a usos comerciales reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de cero emisiones. Ese año dejarán de comercializarse coches de combustión. Además establece obligaciones para puntos de recarga tanto en gasolineras como edificios.

Energía

El despliegue de las renovables debe ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con la lucha contra el deterioro demográfico. No se tramitarán solicitudes de explotación de hidrocarburos (en tierra y mar) ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas (como el uranio). Tampoco se autorizarán actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del fracking (romper la roca para extraer gas natural inyectando agua a presión con sustancias químicas).

Urbanismo

El texto mantiene la obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y favorecer la movilidad eléctrica y el transporte público. También se impulsa la rehabilitación energética de los edificios y vigila los impactos del cambio climático en la salud pública. En torno a 44.600 personas mayores de 14 años mueren cada año en España por la contaminación. Son unos 19.100 fallecimientos menos de los provocados hasta ahora por la pandemia, pero la primera cifra se repite, inexorablemente, cada año y representa el 10,7% de los decesos totales en España en mayores de edad. El cálculo lo realizó la Universidad de Harvard, en colaboración con la de Birmingham, la de Leicester y el College London.

Educación

La ley obliga al Gobierno a incluir la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las enseñanzas que se imparten en colegios e institutos. También menciona la importancia de combatir la emergencia climática desde casa, empezando por una dieta sostenible en la que se primen los alimentos de temporada y proximidad (muchos productos ecológicos vienen de terceros países y se venden en envases plastificados).

Viajes

La nueva ley española insta a la creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones. El texto plantea compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético, la rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes, un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones incluso en viajes de largo recorrido y una ordenación urbana (incluidas las zonas de costa) que tenga en cuenta la lucha contra el cambio climático.

La oposición critica la «falta de diálogo» en la tramitación

Durante debate, el grupo popular fue muy crítico con una norma a la que tilda de «mala, perjudicial para muchos y sobre todo de desprecio a la España rural», según el diputado Diego Requena, quien incidió en que es una ley «sectaria, sin apenas consenso y cuyo trámite debería haber sido como pacto de Estado». Requena argumentó que «no es la ley que necesita España, sino que es la ley de la ministra Teresa Ribera», para reprochar que se trata de un texto tramitado en plena pandemia sin tener «ninguna consideración» hacia la crisis sanitaria y social.

Para Germán Renau, del PSOE, ayer fue una jornada «histórica» por la aprobación de un texto climático que gozó de un «diálogo constante», reflejado en la cantidad de enmiendas presentadas para enriquecerlo y que demuestran la «fuerte voluntad» para sacar una norma vital para el futuro. Se trata de un texto con el que «España se colocará a la cabeza de la ambición climática», y que cuenta con la ciencia y la eficiencia energética para afrontar un futuro encaminado a las energías renovables y que dotará al país de una gran resiliencia frente a los impactos del cambio climático, aseguró Renau.

En la misma línea, Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) afirmó que es «una buena ley» que acaba con «una estrategia de negacionismo» padecida en España durante años y mejorará con el tiempo, porque funcionará como «paraguas» con compromisos en movilidad sostenible o la reforma del sector eléctrico. Desde las filas de Vox, Pedro Requejo lamentó el rechazo de su enmienda a la totalidad y solicitó descartar las medidas que encarecen la energía o las que «transforman el paisaje de la España despoblada en grandes extensiones de placas solares y entierran tierras fértiles bajo miles de panales o de molinos de viento».

Carmen Martínez (Cs) mostró su decepción ante una ley «muy esperada pero deficiente», que tenía que haber contentado a todos pero, que, a su juicio, no ha sido así y que debería destacar por ser un importante pilar para la transición ecológica. Por parte de GEH Bildu, Oskar Matute observó la necesidad de una normativa «más ambiciosa» en cuanto al volumen de emisiones, mientras que el PNV reprochó la falta de «diálogo y consenso» en una ley que «debería ir de la mano de políticas económicas y sostenibles para crear empleo de calidad».

El Grupo Plural contó con varias intervenciones que lamentaron, en general, la falta de diálogo en la tramitación parlamentaria del texto, e incidieron en la enorme «falta de ambición climática» de la futura ley.