El Gobierno aprobó ayer el plan de vacunación contra el covid-19 en España, una estrategia única a nivel nacional y en la que se prevé vacunar a toda la población española dividida en 18 grupos, que se irán escalonando en tres fases a lo largo del próximo año. Durante la primera fase, que se iniciará a primeros de enero y se espera acabar a primeros de marzo, recibirán la vacuna las 2,5 millones de personas que integran los grupos más vulnerables o más expuestos a contraer la enfermedad.

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Estos son los primeros cuatro grupos poblacionales que recibirán las dosis, por este orden: los residentes y el personal sanitario y sociosanitario de las residencias de mayores y de personas con discapacidad; los profesionales sanitarios de primera línea; el resto del personal sanitario y sociosanitario; y las personas que requieran grandes medidas de apoyo para realizar su vida (grandes dependientes) pero no estén ingresados en ningún centro.

La vacunación empezará de inmediato en cuanto se reciban «las primera dosis», hacia primeros de enero, según explicó el ministro Salvador Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque la fecha exacta dependerá de cuándo reciban las vacunas la preceptiva autorización administrativa.

Illa quiso destacar que, una vez aprobadas, las vacunas «tendrán la misma seguridad que las otras 14 que ahora forman parte del calendario de vacunación». Los primeros receptores no serán inmunes a partir de ese momento puesto que la inmunidad frente al virus se desarrolla en unas semanas y, además, la mayoría de la vacunas que se están fabricando requieren la administración de dos dosis.

El ministro no precisó las características del resto de grupos poblacionales hasta los 18 que define la estrategia, pero sí que recibirán la vacuna en las dos siguientes fases.

La primera irá desde marzo a junio y la segunda tampoco la especificó el ministro, pero como máximo se prolongará hasta finales de año.

«La priorización del resto de grupos se hará una vez se conozca la disponibilidad de dosis, las vacunas disponibles y tras acuerdo del pleno del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Saud (SNS) previa discusión en la Ponencia de Vacunas y Registro de Vacunaciones y en la Comisión de Salud Pública», señalaron fuentes de Sanidad.

Siete vacunas

«La priorización de los grupos se ha establecido en función de cuatro tipos de riesgo: el de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad», según detalló Illa.

Presumiblemente, las personas más vulnerables y las que más riesgo tienen de transmitir la enfermedad formarán parte del bloque vacunado antes del verano. Al cierre del año 2021 «estará inmunizada toda la población» que voluntariamente se haya prestado a ello.

«Esperamos que sea un porcentaje muy alto», añadió Illa. Como ya se había avanzado, el plan se aplicará en todo el territorio y tendrá como clave la red de Atención Primaria, conformada por 13.000 puntos de vacunación. La vacunación será gratuita y voluntaria.

Europa ha alcanzado acuerdos para disponer de seis vacunas y está a punto de cerrar el séptimo. En virtud de estos contratos con laboratorios farmacéuticos, España espera recibir 140 millones de dosis que servirán para inmunizar a 80 millones de personas, dado que la mayoría requieren doble dosis.

Como la población total ronda los 47 millones de habitantes y previsiblemente sobrarán dosis, se hará un «esfuerzo de solidaridad» para que otros países puedan también disponer de vacuna, según afirmó el ministro de Sanidad.

El documento aprobado ayer no precisa ni cómo se resolverán los problemas logísticos derivados de necesidad de mantener algunas de la vacunas en ultracongeladores ni prevé el refuerzo de una asistencia primaria ya saturada por los enfermos de covid, su seguimiento y con la avalancha de casos de gripe que podrían estar extendiéndose a partir de enero. Respecto a los problemas logísticos, Salvador Illa aseguró que están solventados o en vías de solventarse ya.

El plan de vacunación ha sido diseñado por un grupo de expertos en el que participaron ocho comunidades autónomas, además de representantes de sociedades científicas, dos miembros del comité de bioética, personal del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Instituto de Salud Carlos III, un sociólogo y varios matemáticos.