Argentina se mira de repente en el espejo del Brasil de Jair Bolsonaro. La imagen de 175.000 hectáreas bajo fuego le hicieron recordar a los ambientalistas lo que ocurrió en el vecino país cuando parte de la Amazonía se redujo a cenizas y el humo avanzó hacia las ciudades. Los incendios se han propagado por la zona del Delta del río Paraná, que comparten las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, escenario de más de 25.000 focos, así como las provincias de Córdoba y las norteñas de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Corrientes. El total del territorio afectado representa cinco veces a la capital argentina.

"Los incendios son intencionados y hay que buscar a los responsables", dijo el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. Doce años atrás tuvieron lugar episodios similares. Los especialistas coinciden en que se repiten un mismo patrón conocido en Brasil: la ampliación a toda costa de la frontera agropecuaria por encima de los humedales y el cambio de las reglas de uso del suelo en zonas boscosas, ya sea para acelerar su deforestación, desplazar a los pueblos originarios de áreas protegidas y, también, más cerca de las ciudades, llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios.

"Estos sucesos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná", señala un documento compartido por numerosas oenegés y que fue remitido al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. "Queremos requerirle formalmente que intervenga con suma urgencia ante esta crisis socioambiental, en apoyo a la lucha de años de la sociedad civil por la sanción de una ley nacional de humedales y una efectiva implementación de la ley de bosques nativos, así como por la salvaguarda de los derechos de pueblos originarios y comunidades locales, tradicionales e isleñas, y en general de toda la ciudadanía argentina".

La cámara de Diputados ha comenzado tímidamente a elaborar un proyecto de ley de humedales. "Hay un avance de la frontera del agronegocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad", reconoció el legislador peronista Leonardo Grosso. La iniciativa busca establecer fuertes penas para los que provoquen este tipo de desastres.