A menos poco más de tres semanas del inicio oficial del curso escolar, las asociaciones de padres y madres de alumnos siguen mostrando su inquietud ante la falta de consenso en las medidas para una vuelta a clase marcada por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha remitido un escrito al Ministerio de Sanidad para solicitar la convocatoria del Consejo Estatal de Familias con el objetivo de trabajar en una vuelta "segura" a las aulas en el mes de septiembre. "Lleva años sin reunirse y podría ser una herramienta de gran utilidad de cara a organizar una vuelta al cole con las máximas garantías posibles ante la incertidumbre que impera entre las familias y la comunidad educativa en general", argumentan desde la organización.

A juicio de Ceapa, la actual crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del covid-19 "avala la necesidad de volver a contar con este consejo", creado en mayo de 2007 e integrado por representantes de la Administración General del Estado y del movimiento asociativo estatal.

En este sentido, ha recordado que entre sus cometidos se hallan la "formulación de propuestas y recomendaciones sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación" o el "seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado" que afecten a las familias.

Siete medidas

La Confederación ha vuelto a exigir "una vuelta 100% presencial y segura a las aulas en septiembre, así como instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles".

Entre sus reivindicaciones se encuentra una mayor inversión para la escuela pública, bajada de ratios para posibilitar la distancia social y una enseñanza más personalizada, enfermería escolar, garantizar servicios esenciales como el comedor escolar, planes de conciliación laboral y familiar, flexibilización y adaptación del currículo, o caminos escolares seguros para evitar grandes aglomeraciones en las entradas y salidas de los centros.

"Es necesario asegurar las medidas higiénico sanitarias en septiembre, así como el derecho a la educación de todo el alumnado con clases presenciales que garanticen la igualdad de oportunidades frente a la brecha digital y social", ha manifestado la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal.

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) considera que la Conferencia de Presidentes para ultimar la 'vuelta al cole' que se celebrará a finales de agosto llega "tarde" y ha reclamado medidas sanitarias y de conciliación para que el regreso a la escuela se realice con todas las garantías de seguridad.

Así lo explica a Europa Press el presidente de la organización, Pedro Caballero, quien se muestra crítico por que "ya se dijo por activa y por pasiva", tanto al Ministerio de Educación como a las comunidades autónomas, que "se tenía que haber empezado a trabajar en el inicio del curso a mediados de junio", cuando había finalizado el anterior. "Visto ya lo que había pasado, teníamos que empezar a trabajar", ha subrayado.

De esta forma, Caballero rechaza la conferencia tenga lugar a, escasamente, una semana de que se inicie el curso escolar, "con la incertidumbre que tienen ahora mismo las familias de si comprar libros o no, mandar a los niños al colegio, si se cumplen las normas de seguridad o no, si los centros están adaptados".

"Todo eso es un batiburrillo que hay ahí que lo que crea es una verdadera incertidumbre en las familias y un malestar", ha afirmado Caballero, que sostiene que "se está legislando para y por los niños" y "totalmente al margen de la comunidad educativa", incluidos, padres y profesores.

Por todo ello, las familias reclaman que se garanticen la seguridad y las medidas sanitarias "necesarias y obligatorias" para que los niños --cerca de 8,2 millones de alumnos-- puedan incorporarse a las aulas, "un peligro inmenso con la cantidad de rebrotes y la evolución de la pandemia".

Además, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos solicita que se instrumenten "los mecanismos necesarios" y se inicie un diálogo con los empresarios a fin de garantizar la conciliación laboral y familiar.