El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra la normativa aprobada por el Gobierno durante el estado de alarma que modificó los criterios de renovación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Según informó el pasado martes AEA en nota de prensa, la sala de lo Contencioso-Administrativo analizará el escrito presentado por la organización, que considera que la orden ministerial acorta los plazos de inspección sin que la medida obedezca a ninguna razón de seguridad vial, y obligará a millones de automovilistas «a tener que pagar dos veces por un servicio innecesario».
El recurso se dirige contra la orden del Ministerio de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de mayo, que ampliaba de modo escalonado la prórroga automática para los certificados de las ITV hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma. No obstante, señalaba que tras la revisión no se establecería como fecha la del día de realización, sino la fecha límite que correspondía pasar la inspección durante el estado de alarma. «Un vehículo de 10 años que con motivo del covid-19 no hubiera podido pasar la ITV el 21 de mayo, tendría la posibilidad de hacerlo hasta el 17 de diciembre», explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
Si se aplicaran los plazos habituales, «la siguiente inspección se computaría desde ese día, y tendría que volver a pasarla a los 6 meses, si fuera una furgoneta o un camión, o al año si fuera un turismo». Sin embargo, con la nueva normativa «esa furgoneta o camión va a tener que pasar y pagar dos veces la misma inspección ese mismo día», añade Arnaldo, que aclara que en el caso de los turismos, «la siguiente no la tendría que pasar al año, como establece la normativa europea, sino a los 6 meses».
LOS MÁS AFECTADOS
A tenor de los cálculos de la organización, la medida del Ejecutivo afecta a unos cinco millones de automovilistas y su valor económico asciende a los 200 millones de euros, siendo los más afectados los vehículos de profesionales. Además, denuncian que los cambios introducidos «no contribuyen en nada a mejorar el medioambiente ni la seguridad vial», y que «sólo obedecen a razones económicas con la finalidad de garantizar el cobro de unas tasas dejadas de percibir durante el tiempo que las ITV permanecieron cerradas». Al margen del recurso ante el Tribunal Supremo, AEA ha planteado cerca de un centenar de reclamaciones de sus socios en las diferentes comunidades autónomas, a fin de que se les reconozca la fecha en la que se realizó la inspección para el computo de la siguiente. No pasar la ITV es objeto de fuerte sanción económica además de retirada del permiso de circulación del vehículo durante un largo periodo de tiempo.
ORDEN POLÉMICA
Como Automovilistas Europeos Asociados, varias organizaciones más del sector del transporte por carretera también han expresado en los últimos meses sus críticas hacia la decisión del Gobierno de aprobar durante el pasado estado de alarma que modificó la inspección técnica de vehículos. Poco después de conocer el contenido íntegro de la orden, Fedetaxi sostenía que los nuevos criterios de renovación de la ITV producían «daños innecesarios» a más de 43.000 taxistas, y valoraba pedir indemnizaciones en la vía judicial si el departamento no rectificaba.
En términos similares se manifestaba la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que pedía a Sanidad que reconsiderase una regulación «de difícil comprensión», «sorprendente» y «precipitada». «En la práctica va a suponer que todos los autobuses de más de cinco años y los camiones de más de diez, al tener una frecuencia establecida de tan sólo 6 meses, una vez pasada la inspección técnica de vehículos tendrán que volver a pasarla prácticamente al mes siguiente, lo que es irracional y antieconómico», lamentaban los transportistas.
