Aunque ahora la mayor parte de los contagiados por covid sean personas jóvenes y asintomáticas o con dolencias leves, en la primera oleada el virus provocó un auténtico tsunami en las residencias de ancianos. Unos centros que, antes de la llegada de la pandemia, ya padecían escasez de medios, falta de personal médico y precariedad laboral de sus trabajadores, lo que ha contribuido a que el coronavirus se haya cobrado la vida de al menos 27.359 personas. Al menos, porque el Gobierno no ha publicado la cifra de fallecidos en los geriátricos, pese a haberse comprometido a ello, con el argumento de que la información que le han enviado las comunidades autónomas es endeble y no homogénea. Si bien, en un documento interno que ha trascendido cifra en 27.359 los fallecidos en residencias hasta el 21 de junio, 9.003 con un test de diagnóstico que certificaba que padecían covid-19 y el resto sin test, por lo que no figuran en los 28.426 fallecidos de todas las edades recogidos en la estadística oficial.

La Generalitat, por el contrario, sí que facilita los datos y señala que en las residencias catalanas han muerto 4.116 ancianos de los 12.652 fallecidos con covid o síntomas compatibles desde el inicio. Una de las primeras personas en dar la voz de alarma fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reveló que el Ejército había encontrado fallecidos conviviendo con otros residentes y, ante la posibles negligencias, la investigación judicial ha recaído en la fiscalía, que ha abierto hasta el 15 de julio 227 investigaciones penales en toda España (más de 40 en Cataluña) que podrían conllevar acusaciones por homicidio imprudente.

LA ORDEN DE NO DERIVAR A LOS HOSPITALES

En este contexto y ante las demandas presentadas por los familiares de los fallecidos, es probable que la fiscalía tope con el problema de decidir si fue legal el triaje que llevaron a cabo muchos hospitales, que en los momentos de mayor colapso rechazaban que les derivaran los ancianos de los geriátricos, como puso de manifiesto un audio sobre la conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana agonizante que desveló EL PERIÓDICO, así como el protocolo enviado por la Comunidad de Madrid a los centros sociosanitarios donde se desaconsejaba la derivación, lo que destapó una tormenta política, con dimisiones incluidas.

Y eso que en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, dependiente del PP, pasó a tomar la batuta sobre las residencias, que antes dependían del Área de Políticas Sociales, liderada por Ciudadanos, lo que abrió un cisma entre los socios de Gobierno. Y en Cataluña, cuando ya registraban más de 1.100 muertes en residencias, las competencias pasaron de la Consellereria dAfers Socials a Salut, ambos en manos de ERC, como maniobra para atajar las críticas de Quim Torra y varios alcaldes.

LA FALTA DE AISLAMIENTO Y MATERIAL DE PROTECCIÓN

Pero el desastre no se vio venir ni se restringieron las visitas a tiempo, no hubo suficiente material de protección para enfermos y trabajadores, no hubo test para saber si estaban contagiados, no sé aisló correctamente a los infectados y, como sucedió con los enfermos en los hospitales, muchos murieron en la más absoluta soledad.