El Govern mantiene su intención de imponer restricciones a la población del Segrià en aras de frenar la expansión del brote de coronavirus que asola a esta comarca. La medida, no obstante, no representará un confinamiento «estrictamente domiciliario», según expuso la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, con la intención de sortear la negativa de la justicia a ratificar la medida de confinamiento parcial que se había decretado. En este sentido, Budó detalló la presentación, «en las próximas horas», de la resolución ante el juzgado contencioso-administrativo con el que la Generalitat espera contar con la cobertura legal necesaria para implementar dicha iniciativa.
«No tenemos que volver al confinamiento total, pero sí a las primeras fases de esa etapa de reapertura, en las que no podíamos ir a los bares, no podíamos ir a las terrazas, no nos podíamos encontrar con más de diez personas, no podíamos salir a hacer deporte colectivo», explicó. La jueza que se opuso a dar luz verde el endurecimiento del confinamiento en la comarca sustentó la decisión en que la iniciativa, «indiscriminada» y «desproporcionada», colisionaba con las competencias estatales.
La paradoja es que el propio Ejecutivo central discrepa de la resolución judicial y parece conforme con la estrategia del Govern. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trasladó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que deberían haber recurrido la decisión judicial que rechazaba el confinamiento anunciado por el Gobierno catalán.
En la misma línea se manifestó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que consideró que el decreto ley de la Generalitat no invade competencias estatales y subrayó la necesidad de «actuar sin contemplaciones» ante la proliferación de estos rebrotes.
