La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra una internauta acusada de difundir un vídeo falso que atribuía actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados (menas), en la primera iniciativa legal del Ministerio Público contra las fake news en España.
En su querella, que investiga un juzgado de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el Ministerio Público acusa de un delito contra los derechos fundamentales a la mujer que presuntamente difundió, a través de su cuenta de Twitter un vídeo que mostraba las agresiones de un grupo de alumnos en Brasil a su profesora, atribuyéndolo falsamente a un centro de menas de España. La Fiscalía se querelló contra la mujer por un delito de odio y discriminación con el agravante de difusión por internet.
En diciembre, los Mossos le tomaron declaración como investigada, pero la mujer se negó. En el mensaje, ubicado en una web, se podía leer: «Te envío un vídeo de un centro educativo para los inmigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que el difundas porque España se dé cuenta de una vez como nos agradecen que los acogemos». Adjunto había un vídeo en el que se puede observar como dentro de un aula de un centro educativo varios alumnos llaman y tiran papeles a la profesora, también tiran y tumban mesas y sillas, todo en medio de risas de burla. La investigación policial determinó que los hechos sucedieron en Brasil, y no tiene nada que ver con los menores emigrados en España.
Según la fiscalía, la investigada pretendía, con este vídeo difundido indiscriminadamente, vincular una supuesta violencia en las aulas con los tipo para «denigrar los mismos», asociando de forma generalizada a actos incívicos, violentos y de falta de respeto al profesorado, desacreditando los mismos y contribuyendo a aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra un colectivo «especialmente vulnerable», con el «consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social hacia ellos». Por todo ello, la fiscalía cree que la mujer habría cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución en la modalidad de lesión de la dignidad por motivos de origen con el agravante de difusión en Internet.
