Las condenas por delitos contra el medioambiente se han triplicado desde el 2008, al pasar de 219 a 773. Y dentro de este capítulo es especialmente llamativo el aumento de las condenas a personas que han maltratado a los animales, ya sea de forma particular u organizada con peleas de perros, de gallos... Este tipo de sanciones penales se han multiplicado por 14 en casi una década, al pasar de solo 11 en el 2008 a 163 en el 2017, según datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en el avance del primer estudio sobre la efectividad del derecho penal en la defensa de la naturaleza, que está realizando SEO BirdLife con el apoyo de la Unión Europea.
Esta investigación concluye que en los últimos años ha habido un descenso relativo en las infracciones administrativas y un aumento progresivo en los delitos. Y eso que en torno al 98% de los incumplimientos de la legislación ambiental todavía se catalogan como infracciones administrativas y solo el 2% se tramitan por la vía penal.
Incluso así, los delitos perseguidos por la fiscalía y la Guardia Civil contra el medioambiente, ya sea contra la flora y la fauna o contra otros recursos naturales, se han cuadruplicado en la última década, al pasar de 130 en el 2007 a 606 en el 2017, en esta ocasión según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Los datos están dispersos en varias fuentes y una de las primeras recomendaciones del estudio es la necesidad de unificar en una estadística toda la acción judicial de protección del medioambiente, para poder tener datos más concluyentes. No obstante, todos los indicadores apuntan a ese crecimiento de los delitos que Daniel de la Bodega, responsable legal de SEO BirdLife, no achaca a un aumento de la criminalidad, «sino a que la sociedad está cada vez más concienciada del daño que se causa a la naturaleza y denuncia más».
Asimismo, una mayor especialización y capacitación de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías medioambientales está permitiendo, según la organización ecologista, «un mayor conocimiento y esclarecimiento de delitos» que, en muchos casos, son muy difíciles de investigar y de buscar responsabilidades.
CAZA Y MALTRATO
Según los datos del Seprona (la unidad especializada de la Guardia Civil), la mayoría de las infracciones penales en el ámbito de la flora y la fauna son por caza ilegal y maltrato de animales, mientras que la pesca ilegal y el tráfico ilícito se mantienen en cifras bajas (17 y 12 infracciones penales esclarecidas en el 2017). No obstante, de los dos grupos más numerosos, caza y maltrato, el primero ha descendido el 42% desde el 2009, mientras que el segundo ha experimentado una subida superior al 400%, al pasar de 128 a 556 infracciones esclarecidas.
La Fiscalía General del Estado, en su memoria del 2017, ya reparó en el «aumento llamativo» de los procesos judiciales por maltrato animal y de las sentencias correspondientes y lo achacó al incremento de la «participación ciudadana, apreciándose mayor número de denuncias de asociaciones protectoras, de colegios de abogados y de particulares». Ante ello, se instó a los fiscales delegados para que, en los supuestos más graves, se opongan a la sustitución o suspensión de la ejecución de las penas de cárcel.
Aun así, SEO BirdLife ha detectado que el incremento de los litigios se da en los entornos urbanos, ya que en el ámbito rural se siguen «normalizando» conductas como colocar cebos envenenados para acabar con los depredadores y otras prácticas delictivas. Además, en el campo es más difícil de que lleguen al conocimiento de las autoridades comportamientos que se hacen en zonas por donde apenas pasa nadie.
IMPUNIDAD
Por ejemplo, la organización ecologista ha documentado que en los últimos 20 años han fallecido 180.000 animales por cebos envenenados. Sin embargo, solo se han acreditado 9.207 delitos y de ellos solo 80 han acabado en condena. Esto supone un «nivel de impunidad insoportable», según De la Bodega, que incluso así admite que es el mayor número de condenas del mundo por este delito y que España tiene unos medios de lucha contra las infracciones contra la naturaleza que son una «referencia mundial». Pero, a tenor del nivel de delincuencia, esos medios son «insuficientes» y las fuerzas de seguridad y las fiscalías necesitan «más especialización y más medios», para aproximarse a las unidades que luchan contra el terrorismo o el narcotráfico.
De hecho, el objetivo del estudio es determinar el carácter disuasorio, la efectividad y la proporcionalidad de las sanciones penales en este ámbito, así como el perfil sociológico del delincuente, para emitir recomendaciones con el fin de mejorar la eficacia en la persecución de los delitos contra la naturaleza. El informe verá la luz en octubre y forma parte del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental que está financiado por la UE, los gobiernos de Canarias y Valencia, y el Ministerio para la Transición Ecológica. Asimismo, la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves y el Seprona son socios beneficiarios. La idea es crear una unidad de inteligencia del Seprona que use los medios tecnológicos más avanzados.
