El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, explicó ayer que la institución ha gestionado a lo largo del 2018 un total de 10.915 quejas, lo que supone un incremento de 11,2 por ciento respecto al 2017, y entre ellas destacan las relacionadas con la ayuda al alquiler y la Renta Mínima de Inserción Social, de las que pide agilizar su gestión. Así lo indicó Maeztu en la rueda de prensa de presentación del Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 2018, entregado ayer a del Parlamento, Marta Bosquet. Concretamente, el Defensor ha cifrado en 10.915 el número de quejas tramitadas --7.570 nuevas y el resto tramitadas de años anteriores--, lo que supone un incremento de 11,2 por ciento respecto al 2017. En cuanto a las consultas, se han realizado unas 13.117, aumentado en un 26,3 por ciento en comparación con el pasado año. Todo ello ha sumado un total de 24.761 actuaciones por parte del Defensor, que implicaron la atención de 22.001 personas durante el pasado ejercicio.

A la hora de hablar del balance de la institución durante su mandato, Maeztu valoró el papel de acercamiento de la institución a las zonas rurales de Andalucía, mediante la visita a comarcas desde el 2015. En este sentido, un total de seis se realizaron en el 2018, atendiendo a más de 400 personas y realizándose con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios. Al respecto, indicó, esta medida busca conocer los problemas específicos de las zonas rurales en materia de sanidad, movilidad o financiero, entre otros.

IMPAGOS DEL ALQUILER / Sobre la vivienda, el Informe del Defensor recoge que los problemas sobre dicha materia, dado que gran parte de las quejas recibidas en el 2018 se relacionan con el impago de las rentas del alquiler, una medida que «podría evitar los desahucios» pero que su retraso «evidencia un año más fallos en su gestión, lo que ha sido de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía». Paralelamente, el Defensor en funciones ha tildado de «logro social» el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía pero, al mismo tiempo, lamentó los «retrasos» de ocho meses de media --dependiendo de la provincia-- en su reconocimiento, en lugar de los dos recomendados.

Como balance, Maeztu señaló que pese a que el impacto de la crisis económica continúa en Andalucía, en la actualidad la sociedad «ha reaccionado con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos». «Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles».

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES / Dado que los andaluces «ya no toleran pasos atrás en los derechos conquistados», el Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un «decálogo de principios irrenunciables» como objetivos cuyo cumplimiento sería la «mejor satisfacción» para Jesús Maeztu. Así, entre los principios se encuentra «una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades; una sanidad que permita vivir saludablemente, o renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados».

Las propuestas también reclaman para el futuro «respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas; la defensa de las personas mayores y de la infancia; la atención a las personas con discapacidad;la igualdad de hombre y mujer; la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento; el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio, y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos».