El Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de decreto ley que, gracias a su «robustez jurídica», blinda que los entes locales puedan obligar a contratar con una hora de antelación los servicios de vehículos de alquiler con conductor, los VTC, si se cumplen una serie de requisitos. El nuevo redactado ha enojado a los representantes de la patronal Unauto VTC, que agrupa a empresas como Uber y Cabify, que han acusado a la Generalitat de «ceder al chantaje» del taxi y han anunciado que se irán de Barcelona si se aprueba. Cabify, sin embargo, se ha apresurado a precisar que aún no han tomado ninguna decisión. A quien no ha desagradado el texto ha sido a los taxistas, que hoy votarán en asamblea si avalan la propuesta de la Generalitat y, en consecuencia, desconvocan la huelga que bloquea el centro de la capital catalana desde hace cinco días. «Tenemos mucho más de lo que teníamos», aseguró un portavoz de Élite Taxi. Otras medidas que incluye la normativa que promueve el Gobierno catalán son obligar a que los VTC desactiven la geolocalización cuando no tengan un servicio en marcha, que no puedan estacionar en la calle y que deban volver a la base después de cada carrera.
