Las personas con tartamudez alzaron ayer su voz para mostrar su «cansancio y hartazgo» de lo que consideran la «injusticia permanente» en que el Estado las tiene, ya que este trastorno de comunicación no se incluye en la cartera de servicios básicos del sistema de salud. «Estamos cansadas, hartas de la injusticia permanente en que el Estado nos tiene», lamenta el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez (FET), Adolfo Sánchez, en un encuentro informativo con motivo del Día Internacional de este trastorno de comunicación, que en España afecta a unas 800.000 personas.

Además, esta organización ha lanzado una campaña de sensibilización para informar, concienciar y normalizar de este trastorno en el ámbito escolar, ya que los cálculos estiman que el 83 % de los niños con tartamudez sufren burlas en la edad escolar. «Hola, soy Míriam, tengo 19 años tartamudeo y #YoNoMeCallo», comienza el anuncio de la campaña, que a través de esta joven pretende visibilizar las dificultades que sufren los estudiantes con tartamudez y provocar una reflexión sobre la falta de información acerca de este desorden del habla. «Todavía hay mucha desinformación, y muchos profesores no cuentan con herramientas suficientes para apoyar a los escolares con tartamudez», lamenta la vicepresidenta de la fundación, Yolanda Salas, quien no obstante destaca que en los últimos años se han producido avances.

Salas reclamó medidas integrales que sirvan para terminar con el acoso y las burlas que sufren los estudiantes, porque, dijo, se debe mejorar la calidad de vida de los menores con tartamudez para que, «tras pasar de la infancia a la adolescencia, el ir a clase no se convierta en un infierno hasta que ya se llega a la edad adulta».

María, otra joven con este desorden del habla, plantea la necesidad de que «se potencie la empatía» tanto en el profesorado como entre el alumnado, para que se acepte la diferencia con normalidad: «La sociedad debe fijarse en qué decimos y no tanto en cómo lo decimos», asevera. El presidente de la FET lamenta que el grado máximo de discapacidad que se reconoce a una persona «con una tartamudez importante» sea del 24 %, y no llegue al 33 %, que es el requisito mínimo para poder acogerse a determinadas ayudas. Para mejorar la inserción laboral de estas personas, Sánchez pide a las empresas que dejen atrás sus prejuicios sobre la tartamudez: «Somos igual de capaces que el resto de trabajadores», remarcó.