El pacto de Estado contra la violencia machista, el único fraguado esta legislatura, cumplió ayer un año desde su aprobación en el Congreso, en el peor escenario posible. Este mes han sido asesinadas nueve mujeres y dos niñas, cinco de ellas esta misma semana, lo que constata que por mucho que los partidos se esfuercen en alumbrar recomendaciones, más de 200 se incluyen en el acuerdo, el sistema falla y las mujeres siguen falleciendo.

La medida 187 del mismo instaba precisamente al Gobierno a realizar estudios sobre el «efecto acumulación» de crímenes machistas en un periodo corto de tiempo, de dos a cuatro días consecutivos. Es lo que ha ocurrido esta semana y sucede ocasionalmente, especialmente en épocas vacacionales, donde las parejas suelen convivir más horas y pueden surgir conflictos por el cuidado de los hijos y otros problemas familiares. Pero, más allá de este motivo, ¿existe un efecto contagio entre unos asesinatos y otros que explique la concatenación de sucesos cruentos? ¿La retrasmisión de las muertes motiva a otros maltratadores? Es lo que se trata de averiguar con el estudio, que el Gobierno ha encargado al Instituto de Salud Pública de la Universidad madrileña Carlos III.

Una docena de medidas / Es difícil contabilizar cuántas de las 214 medidas se han puesto ya en marcha, puesto que no hay un documento público donde se recojan, pero según los cálculos de CÓRDOBA están en tramitación o aprobadas tan solo una docena de propuestas. No obstante, en la etapa del PP, la ministra Dolors Monserrat también insistía en que el 75% de las recomendaciones estaban en «proceso de desarrollo».

El PP racaneó además con los presupuestos y hasta que el PSOE no buscó los apoyos precisos no se consignaron los 200 millones de inversión previstos para 2018. Con estos mimbres, los socialistas, al llegar al poder, aseguraron que el pacto estaba en «pañales» y se pusieron manos a la obra para intentar insuflarle vida. «Perdimos los seis primeros meses», concluye la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.

La primera medida que impulsaron fue la reforma para mejorar la formación de los jueces, tras el malestar que despertó el fallo de La Manada. Si bien, el Gobierno usó el proyecto legal, aún en trámite, para colar la polémica enmienda destinada a aprobar los presupuestos, lo que indignó a la oposición. «Fue un golpe muy duro pero aún así seguimos en el pacto para dar muestras de compromiso», asegura Marta González, portavoz en la materia del PP.

Además, el Gobierno aprobó un real decreto con las medidas que estima más «urgentes»: devolver a los ayuntamientos las competencias, que no sea preciso denunciar para que las víctimas accedan a las ayudas y que los menores puedan recibir asistencia psicológica sin el permiso del padre. Las tres están en el pacto y el PP incluso afirma que fueron copiadas por el Ejecutivo de su borrador. Si bien, al Gobierno le llovieron las críticas por elegir un decreto para darles vida. Para acallar el malestar, Carmen Calvo aceptó su tramitación en el Congreso.