Sara Calleja se tiró del balcón de su casa de Ibiza en julio del 2015, tras escribir una carta en la que explicaba que no soportaba más el maltrato psicológico de su pareja. Su fallecimiento, sin embargo, no se recoge en las estadísticas oficiales de víctimas mortales, pese a que los expertos en violencia machista y los centros que trabajan para ayudar a las afectadas dan cuenta de que muchas mujeres sufren una presión tan grande y tienen tanto miedo a su carcelero que ven en el suicidio su única solución. Al no disponer de cifras es difícil saber cuántas recurren a esta opción dramática y sin salida. No obstante, sí que se cuantifica cuántos asesinos se quitan la vida después de matar a sus parejas. La dificultad de contabilizar a las víctimas radica en que, en muchos casos, no dejan una carta o no han dado señales de que el suicidio viene motivado por un maltrato extremo. Lo habitual es que tras el fallecimiento se achaque su muerte a una depresión. Y es que un estudio de Karen Devries, socióloga inglesa experta en esta lacra, indica que las mujeres que viven bajo el yugo machista tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión y al revés, las mujeres que padecen esta dolencia, tienen casi el doble de posibilidades de sufrir maltrato. Y una investigación del que fuera delegado contra la violencia de género en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Lorente, arroja que el 63% de las mujeres alojadas en centros de acogida confiesan que han intentado quitarse la vida y el 80% lo ha pensado en alguna ocasión.

Los especialistas solicitan además protocolos que permitan detectar las conductas suicidas por parte de los médicos de familia. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, quiere incluir a las maltratadas entre los colectivos con «riesgo alto» dentro del primer plan antisuicidios estatal. Ya lo hizo en Valencia. Ahora le toca al ámbito nacional.