Es un negocio fácil, rápido, que puede generar suculentos ingresos antes de ser detectado y que permite salir impune aun siendo detectado. Se alquila un piso de larga duración por la vía convencional y luego se destina a uso turístico por días desde una plataforma como Airbnb, que acepta anuncios de viviendas sin licencia turística. Tan extendido está este doble fraude (sin permiso y sin autorización de realquiler) que el ayuntamiento ya ha detectado 316 casos en Barcelona, entre los aproximadamente 3.000 expedientes sancionadores abiertos desde el pasado julio, cuando se implantó el plan de choque contra la ilegalidad en el sector.
Esa cuota que el Consistorio barcelonés sitúa entre el 10% y el 15% del total porque fluctúa según zonas y momentos, representa solo a los casos de pisos ilegales detectados previamente. Es decir, cuando el ayuntamiento comprueba el uso turístico no autorizado y notifica una sanción u orden de cese al propietario. Es entonces cuando esos 316 titulares han replicado con alegaciones demostrando con un contrato que alquilaron su vivienda a un inquilino de forma estable, sin saber que este convertiría el hogar en un negocio. Otros muchos dueños de pisos no lo descubrirán hasta que un vecino les ponga en alerta o bien un buen día les llegue una sanción. El Ayuntamiento no sabe cuántos casos corresponden a Airbnb, aunque da por sentado que la mayoría, ya que esta plataforma es la única con la que no ha alcanzado un acuerdo para retirar los anuncios ilegales. Tanto la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, como el de Turismo, Agustí Colom, han lamentado que la plataforma de reservas no dé marcha atrás en sus prácticas y reincida en el incumpliento.
En pleno desencuentro entre ambas partes, Sanz advirtió que esta semana se formalizará la sanción de 600.000 euros que se ha tramitado en los últimos meses por reincidencia en la oferta de pisos sin licencia. Airbnb ha replicado que pondrá un recurso, pero si no rectifica su forma de actuar en Barcelona se le tramitará otra del mismo importe. «Ya basta de que alguien actúe con impunidad y piense que no ha de cumplir la ley», clamó. La alcaldesa, Ada Colau, también arremetió contra la plataforma: «Airbnb está traspasando todos los límites legales».
El Ayuntamiento también pretende trabajar con la Generalitat para incrementar las multas de reincidencia muy graves, por encima de dicho importe. Desde la plataforma, han insistido en que es el Ayuntamiento quien primero debe distinguir en su regulación entre los dos tercios de anfitriones que comparten su propio hogar y quienes lo hacen profesionalmente.
La práctica de alquilar un piso y en lugar de utilizarlo como residencia habitual darle uso turístico fraudulento se viene haciendo desde que se cerró el grifo de las licencias turísticas en el 2015.
