Si Francia se está convirtiendo en punta de lanza en la lucha contra el tabaquismo, España se ha limitado en los últimos años a cumplir con lo que establecen las directivas europeas sin dar nuevos pasos adelante después del gran salto que significó el veto de fumar en establecimientos públicos y oficinas.

Además de en Francia, el etiquetado neutro, en el que se elimina el logo y solo figura el nombre de la marca en tipografía estándar, ya se está implantado también en Gran Bretaña y a partir del próximo 21 de mayo será obligatorio.

Otros países, como Canadá, Holanda, Irlanda y Hungría, han iniciado también los trámites para aprobar lo que las tabaqueras han denominado la ‘cajetilla antimarca’. Australia fue el país pionero, al implantarla en noviembre del 2011.

RECOMENDACIÓN DE LA OMS

Pese a figurar entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la reducción del consumo, no está en la agenda del Gobierno pero tampoco de la oposición.

Ningún partido de las cuatro grandes formaciones políticas que concurrieron a las pasadas elecciones generales lo llevaban en suprograma ni han planteado ninguna iniciativa en este sentido desde que se inició la legislatura.

Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo sí respaldan el etiquetado neutro pero hasta ahora no han obtenido ningún eco.

El ‘lobby’ del tabaco logró frenar el intento de incluirlo en la directiva europea que entró en vigor el año pasado y que acabó limitándose a incrementar hasta el 65% el espacio destinado a las imágenes impactantes.

LOS ARGUMENTOS DEL SECTOR

La Mesa del Tabaco, que agrupa a agricultores, transformadores, fabricantes y distribuidores, considera que tras la aplicación reciente de esta directiva no es el momento de tomar nuevas medidas en un sector que ya tiene “fuertes restricciones”.

Sus portavoces sostienen que la experiencia de Australia demuestra que la medida no ha sido efectiva y solo ha servido para aumentar la venta del tabaco de contrabando. El Gobierno australiano sostiene, por el contrario, que los efectos ya se han notado con una leve disminución del consumo y aún se notarán más a largo plazo.