«Te pones tacones o te vas a casa». Así de claro se lo pusieron a Nicola Thorp, una joven inglesa que fue suspendida sin sueldo por negarse a llevar tacones en su puesto de trabajo.
Nicola Thorp, que trabajaba de recepcionista para la prestigiosa empresa financiera británica PwC, le pidió a su jefe que le permitiera desarrollar sus funciones laborales con zapato plano, pero, sin ofrecerle ningún argumento, este se negó. «Cuando le pregunté a mi jefe si me podía poner los zapatos planos me contestó diciendo ‘¿Qué clase de chica no puede usar tacones?’ Y siguió diciéndome que estaba siendo patética», aseguró la joven.
La empresa de trabajo temporal que la había contratado, Portico, señaló tras el incidente que imponer «unas pautas de apariencia» es una práctica común en el sector para asegurar que las personas que trabajan de cara al público «tengan una buena presencia y den ante el cliente una buena imagen de marca». Entre otras cosas, la empresa exigía a sus empleadas «usar zapatos con tacones de entre 5 y 10 centímetros de altura en todo momento, maquillaje y volver a aplicarlo regularmente, y medias, pero no opacas».
La mujer, de 27 años, se quejó de que a sus colegas masculinos nadie les pedía algo similar y destacó que desde su primer día como recepcionista manifestó sus problemas para trabajar a jornada completa con tacones altos, pero de nada le sirvió. Tras este incidente ocurrido en diciembre de 2015, y tras hablar con sus amigos, decidió publicar en Facebook lo que le había pasado en PwC, y fue entonces cuando se dio cuenta de que había muchas más mujeres que habían pasado por una situación similar. Poco después, Thorp inició una campaña en la que solicitó que se prohibiera obligar a llevar tacones a las mujeres en sus puestos de trabajo.
Discriminación
«Todavía es legal en el Reino Unido para una empresa exigir a los miembros del personal que usen tacones contra su voluntad. Los actuales códigos de vestimenta formal son anticuados y sexistas», rezaba la petición online de Thorp. Tras seis meses activa, la petición consiguió 152.420 firmas. Ahora algunos diputados británicos han instado al Parlamento de Reino Unido a recuperar el debate parlamentario sobre los códigos de vestimenta en las empresas para asegurar el cumplimiento del Decreto de Igualdad de 2010 que -aseguran- aún no se está aplicando plenamente. «Estopuede haber comenzado con un par de tacones», dice Thorp. Como consecuencia de haber superado el umbral de las 100.000 firmas, la petición de legislación sobre las obligaciones en los códigos de vestimenta será debatida el próximo 6 de marzo en el Parlamento, en Westminster.
