El origen de los más de 200 detenidos la pasada semana por integrar una red criminal que estafaba a ciudadanos chinos mediante timos telefónicos está complicando los trámites de extradición iniciados en la Audiencia Nacional, pues buena parte de ellos son nacionales de Taiwán.

La Policía española, en colaboración con la china y a petición de las autoridades de ese país, desarrolló la pasada semana la operación Wall con la que se desmontó una estafa de miles de ciudadanos humildes que residen en China a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país.

Fueron 279 detenidos en Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid. Cuatro juzgados de la Audiencia Nacional, seis fiscales, seis traductores, decenas de funcionarios y hasta cien abogados de oficio trabajaron a destajo durante cuatro intensos días para tramitar a tiempo las peticiones de extradición de la justicia china, que es la que ha investigado a esta red.

Ahora, la justicia china tiene 40 días de plazo para presentar ante la Audiencia Nacional la documentación para probar los delitos de los se les acusa. Pero el problema añadido es que buena parte de los detenidos son de nacionalidad taiwanesa, al menos 47. Aunque España no tiene relación diplomática con Taiwán, por razones humanitarias y de reciprocidad, el Ministerio de Justicia, el de Asuntos Exteriores y la Audiencia Nacional trabajan de forma conjunta para facilitar a Taiwán un listado completo de los detenidos.