Las esperanzas depositadas en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por las víctimas de la talidomida se vinieron ayer abajo de modo estrepitoso. Pese al escrito de 254 folios presentado por la fiscalía apoyando su causa, la Sala de lo Civil confirmó ayer la sentencia de la Audiencia de Madrid que en octubre del año pasado les negó las indemnizaciones reclamadas al fabricante del medicamento que sus madres tomaron durante el embarazo y les produjo terribles malformaciones .

El alto tribunal ha rechazado el recurso de casación casi por unanimidad, por 8 votos contra uno, y avalado el argumento esgrimido por los magistrados de Madrid: que la demanda se presentó fuera de plazo, cuando el delito ya había prescrito.

Frente al edificio de la plaza de la Villa de París se había concentrado desde primera hora de la mañana un pequeño grupo de víctimas, animadas por la actitud mostrada por la fiscalía y por las señales positivas que les había transmitido el presidente del Supremo en la reunión celebrada a raíz de la presentación del recurso. "Estamos sorprendidos de que se haya desestimado. Es un mazazo. El informe del fiscal no ha servido para nada", acertó a decir en un primer momento José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).

Pese al duro golpe recibido no tirarán la toalla. Tienen decidido recurrir al Tribunal Constitucional y si este no les da la razón acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Seguiremos luchando", ha prometido Riquelme. El abogado de la organización, Ignacio Martínez, recordó que la decisión representa un "agravio comparativo" con lo que sucede en otros países como Alemania o Australia, donde sí se indemnizó a estos afectados

En una primera sentencia, un Juzgado de Madrid había dado la razón a los afectados y había ordenado al laboratorio alemán Grünenthal pagarles unas elevadas indemnizaciones. En concreto, estableció el pago de 20.000 euros por cada punto de minusvalía reconocido por la Administración. La solicitud había sido planteada por Avite.

Pero la Audiencia Provincial y ahora el Supremo consideran que habían transcurrido sobradamente el plazo de prescripción. Este es de un año en las demandas civiles.