Hace dos años, a las 21.41 horas de un miércoles 24 de julio, en la curva de A Grandeira un silencio cargado de dolor reventó en las vías del tren a su paso por Angrois. Murieron 80 personas y otros 146 pasajeros del Alvia 04155 resultaron heridos. El tiempo aún no ha logrado borrar el dolor y la impotencia de los supervivientes y los familiares de los muertos que siguen exigiendo "justicia y verdad". Dos años después de la catástrofe ferroviaria más grave ocurrida en España, solo está imputado Francisco José Garzón, el maquinista, tras tres tandas de imputaciones de cargos de ADIF que quedaron sin efecto. Nadie ha dimitido y el que fuera secretario de Infraestructuras, Rafael Català, es ministro de Justicia.
Un centenar de afectados se reunieron ayer en la plaza del Obradoiro de Santiago, antes del homenaje más sentimental que se realizó en la fatídica curva del siniestro. En el acto de la mañana se exigió la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego, que los diferentes grupos no consensuaron.
EL PACTO DE PP Y PSOE Los afectados, agrupados en plataformas de víctimas, acusan al PP y al PSOE de ocultar los graves incumplimientos de la normativa y de la seguridad que son, a su juicio, la verdadera causa del siniestro. "Quieren hacer ver que el maquinista es el único responsable, pero este accidente se pudo evitar", aseguró el portavoz de una de las plataformas.
La investigación judicial contó en su arranque con la instrucción del magistrado Luis Aláez. Estaba de guardia esa noche y no dudo en señalar la falta de seguridad en la vía como elemento determinante de la tragedia. La determinación del juez se vio siempre frenada por el fiscal Antonio Roma al que las víctimas acusan de defender solo los intereses de Adif y de Renfe. Un fiscal demasiado preocupado, según los afectados, en buscar buenas indemnizaciones económicas en lugar de interesarse por dictaminar las responsabilidades en una tragedia, que a su juicio, pudo haberse evitado. Aláez acabó solicitando el traslado de juzgado y fue sustituido por Andrés Lago.
Dos años después, las víctimas recuerdan que ningún político ha presentado su dimisión "para humillación" de los fallecidos y heridos. Los dos jueces que han llevado el caso, Aláez y Lago, denunciaron la falta de colaboración de Adif, Renfe y Fomento en la investigación del siniestro.
