La fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, y numerosos juristas consultados por este periódico avalan sin fisuras la actual legislación del menor, que exonera de responsabilidad penal a los menores de 14 años. Solo algunos abogados precisan que podría modificarse algún aspecto de la normativa actual, en el sentido que debería ser un juez y no la Administración autonómica, como es el caso, quien se encargue de valorar la situación del niño que haya cometido un delito. Todos ellos apoyan que el principal objetivo es que los menores asuman lo que han hecho y trabajar con ellos, desde el punto de vista educativo y psicológico, para que no vuelvan a repetirlo. El castigo, como tal, no es la solución.

La polémica sobre la posibilidad de rebajar la edad penal se ha reabierto a raíz de la muerte del profesor del instituto Joan Fuster a manos de un alumno de 13 años. El lunes, el niño, tras entrar en el colegio con una ballesta, un cuchillo de monte, un pico de montaña y un cóctel molotov, mató al docente e hirió a una profesora y a varios alumnos. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, aseguró ayer que el estudiante "podría estar dos o tres años bajo atención continuada" de la Dirección General de Atención a la Infancia, dependiendo del dictamen que se realice.

Sectores conservadores de la sociedad, como suele pasar en casos de delitos graves cometidos por menores inimputables, han vuelto a reclamar una modificación de la ley para rebajar la edad penal, como se hizo en su día en Inglaterra. En ese país la responsabilidad penal se bajó a los 10 años a raíz del caso ocurrido en 1993, cuando los niños A y B (ambos de 10 años) raptaron, torturaron y asesinaron a un pequeño de dos.

La fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, que se encontraba ayer en Barcelona, se mostró frontalmente en contra de la posibilidad de rebajar la edad penal en España. "Es una decisión del legislador, pero el Comité de los Derechos del Niño de la ONU anima a todos los estados a que eleven sus edades de responsabilidad penal y, a los que ya la tienen en 14 años, a que no la rebajen". Madrigal ve "positivas" estas recomendaciones, pero eso no significa que no se deban tomar medidas en el ámbito de protección jurídica de los menores. Aludió a que el hecho de que no se deba rebajar la edad penal no excluye que se hagan "reflexiones" en ámbitos como el sanitario o el educativo.

La abogada María Pascual, del despacho González Franco, sostiene que "el interés del menor es el que debe regir la legislación penal". Y resalta que las medidas que deben adoptarse en este caso deben ser educativas.