Triunfos históricos en los tribunales como la orden de demoler el hotel del Algarrobico, en el Cabo de Gata, podrían escasear en el futuro, según las organizaciones ecologistas. El peligro no radica en que los jueces se hayan vuelto insensibles a sus demandas, sino en que las reformas diseñadas por Alberto Ruiz-Gallardón "dificultan", cuando no "impiden", su posibilidad de ir a los tribunales en defensa de espacios naturales.

Hasta hace tres meses, las oenegés verdes eran beneficiarias de la justicia gratuita, un derecho que la polémica ley de tasas judiciales "se cargó de un plumazo", en palabras de Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF. Desde entonces, asociaciones sin ánimo de lucro como las ecologistas tienen que afrontar el polémico tasazo en el orden contencioso-administrativo, donde se revisa la actuación de las administraciones públicas y al que estas organizaciones acuden con frecuencia. Como la cuantía de la tasa es más elevada cuanto mayor es el valor del proyecto al que se oponen, el resultado a pagar supera en algunos casos los 10.000 euros, lo que resulta "totalmente desorbitado".

Los ecologistas recuerdan que la ley de tasas contraviene el convenio de Aarhus, ratificado por España, que garantiza el acceso a los tribunales en asuntos ambientales sin impedimentos económicos. Ecologistas en Acción trabajan en la presentación de un recurso ante la ONU, mientras que WWF ha recurrido el tasazo ante la Audiencia Nacional. Las cinco organizaciones más importantes de la lucha ambiental en España (SEO/BirdLife, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) trasladaron sus quejas esta misma semana al ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien se ha comprometido a interceder a su favor ante el titular de Justicia.

RESULTADOS CONTABLES Aunque Gallardón ha rebajado ciertas tasas solo tres meses después de aprobarlas, no ha accedido a eximir del pago a los ecologistas. Fuentes de su departamento se defienden con el argumento de que la nueva ley de justicia gratuita contempla como beneficiarios a asociaciones de titularidad pública con un "resultado contable inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM" (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, tan solo 22.365 euros al año.

Esta condición supone, según Rita Rodríguez, equiparar una sociedad anónima, "que busca su propio lucro", con oenegés "que defienden los intereses de mucha gente". Para WWF, esta circunstancia va a provocar que las "organizaciones pequeñas no acudan a la justicia porque muchos proyectos ilegales están fuera de su área de actuación y que las grandes no puedan permitírselo".

A estas quejas se une que el borrador sobre la ley de enjuiciamiento criminal desarrollado por la comisión de expertos designada por el Ejecutivo ha encendido todas las alarmas porque impide a la mayor parte de las asociaciones pleitear como acusación popular si no están directamente implicadas en el caso. "De llevarse a la práctica, nos impediría denunciar", advierte el director de Greenpeace.

El Ministerio de Justicia responde que, de momento, solo se trata de una propuesta legal e invita a las agrupaciones medioambientales a trasladarle todas sus alegaciones. ±Veremos cómo se puede acotar la acción popular, pero no necesariamente se tiene que eliminar esta posibilidad para algunas organizacionesO, aseguran fuentes próximas a Gallardón.