La entidad Ecologistas en Acción ha hecho números para demostrar que los "pagos de las cuotas harán inviable la protección ambiental ante los tribunales para muchas oenegés". El caso del proyecto de la Marina de Valdecañas, una urbanización ilegal en Cáceres que la justicia paralizó, habría supuesto, por ejemplo, el pago de una tasa de 10.350 euros, ya que el procedimiento se fijó en 40 millones.
La cantidad a abonar sería menor, de 440 euros, en pleitos contra proyectos como el cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el plan parcial de la playa de Valdevaqueros (Cádiz) o los permisos de Repsol en Canarias. Sin embargo, dicha tasa, acumulada a las "decenas de procesos" que lidera Ecologistas en Acción anualmente, "se hace inviable de afrontar", según asegura el colectivo.
