El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha imputado a una ginecóloga que trabajaba en el año 1980 en el Hospital de la Paz por su implicación en la desaparición de un bebé el 3 de julio de ese año en la maternidad de este centro hospitalario madrileño.
Así consta en un auto dictada por el juez Adolfo Carretero en el que archiva las diligencias contra la monja María Gómez Valbuena, conocida como Sor María, por el caso de Maria Luisa Torres, la madre que se reencontró con su hija supuestamente robada treinta años después.
En dicha resolución el magistrado informa acerca de que el procedimiento sigue adelante, ya que en este juzgado está acumulada otra denuncia presentada por María del Mar S.G. por un caso de 1980 y en el que estaría imputada la ginecóloga Paloma María P.S.
Según el auto, una mujer denunció ante la Fiscalía la desaparición de su hermano nacido el 3 de julio de 1980 en el hospital madrileño de La Paz. Además, recoge que una mujer llamada María del Carmen ha aportado en la causa pruebas biológicas justificando ser la hija de la madre de María del Mar, llamada Petra, habiéndose acreditado que ésta no nació el 3 de julio de 1981 en el hospital Santa Cristina.
Al respecto, el juez precisa que la ginecóloga imputada estuvo presente en el parto de Petra, en el que presuntamente su hijo nació muerto. Sin embargo, se desconoce el paradero del bebé al no constar la ubicación de dónde se enterró el feto que supuestamente había nacido muerto.
Con 88 años, la monja Sor María murió el pasado 22 de febrero sin dar respuesta a las preguntas sobre el entramado en el que se vio implicada en los últimos años de su vida. La monja salió a la luz por el caso de María Luisa Torres, una mujer que encontró a su hija 30 años después gracias a un programa de TV. La mujer denunció ante la Fiscalía de Madrid el robo de su niña en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Además, contó que nunca buscó a la niña por miedo a la religiosa.
Por esta causa, la religiosa acudió a los Juzgados el pasado 12 de abril para declarar ante el juez Adolfo Carretero como imputada por un delito de detención ilegal y falsedad en documento público bajo una gran expectación. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar.
PROTESTAS El pasado domingo, un centenar de familiares de niños supuestamente robados se manifestaron por Madrid en protesta por el "archivo" de sus casos ante los tribunales y la "lentitud" en las investigaciones. Pedían reabrir las investigaciones archivadas "por falta de pruebas", tras la circular que emitió recientemente la Fiscalía General del Estado en la que se calificaba estos delitos como detención ilegal.
