La libertad de expresión e información es una de las piedras angulares para conseguir una democracia sana, pero a juicio de la asamblea del Consejo de Europa la actuación del Estado español deja mucho que desear en esta asignatura. Una resolución aprobada por este órgano intergubernamental acusa al Gobierno del PP de injerencia política en RTVE, y recuerda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la radiotelevisión pública deber ser protegida "en su gestión diaria y su trabajo editorial". Toda una bofetada al Gobierno popular, cuyo intento de eliminar la referencia a España terminó en fracaso.

La crítica, inscrita en una resolución sobre la situación de la libertad de prensa en Europa, salió adelante la semana pasada con 52 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. El texto reconoce que los servicios públicos de radiodifusión siguen siendo, pese a la multiplicación de medios digitales, una fuerte importante de información. Y es aquí donde ponen el dedo en la llaga al constatar "con preocupación" la existencia "de informes recientes acerca de presiones políticas ejercidas sobre los organismos públicos de radiodifusión" en países europeos.

Y entre los acusados, España, Hungría, Italia, Rumanía, Serbia y Ucrania, a cuyos gobiernos recuerda, tal y como consta en una resolución del 2008, que "los organismos de radiodifusión de servicio público deben estar protegidos contra las interferencias políticas en su gestión diaria y en su trabajo editorial". También advierte que debería excluirse de los cargos de alta dirección a las personas "con afiliaciones políticas claras", y pide un código interno de conducta para los periodistas y para mantener la independencia editorial de la influencia política.

El senador del PP Pedro Agramunt intentó eliminar cualquier referencia a España a través de una enmienda oral que el presidente de la cámara no permitió presentar. "Me sorprende que en el proyecto de resolución España se incluya en la lista de países en los que se interpone la presión política sobre los organismos de radiodifusión de servicio público. Esto es erróneo e indignante", se quejó.

"No se de dónde ha llegado esta información, pero tengo mis sospechas: hay un partido en el Gobierno y dos en la oposición. Estoy seguro de que un partido en la oposición ha estado contando mentiras a estas asamblea", arremetió Agramunt.

El senador valenciano aseguró que España es uno de los países que más garantías ofrecen a los periodistas y se escudó en que ha habido sentencias defendiendo sus derechos. No precisó, no obstante, que algunas de ellas fueron precisamente contra su partido.

"Tenemos todo tipo de problemas, pero ciertamente no hay ninguno respecto a la libertad de prensa y la radiodifusión de servicio público. Simplemente no es verdad", clamó. Pero su queja cayó en saco roto. Al margen de las excusas de Agramunt, cabe recordar las críticas que el Consejo de Informativos de TVE ha realizado por reportajes de Informe semanal como uno sobre Esperanza Aguirre u otro del caso Bárcenas.