Antonio Alcudia, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Córdoba (Fapa--Agora), criticó ayer el proyecto de la que será la séptima ley de educación de la democracia por "los constantes vaivenes a que se somete esta materia cada vez que cambia de signo un gobierno" y porque las reformas se realizan "sin consenso", lo que se traduce en su opinión en "la baja calidad de la educación en España".

Asimismo, el presidente de Fapa--Agora considera que hay medidas incluidas en la ley que son injustas y que podrían suponer un atentado contra la igualdad de oportunidades, ya que "la norma prevé bonificaciones para los centros que tengan mejores resultados, sin tener en cuenta los condicionantes de las zonas más deprimidas, lo que podría condenar a los lugares que más lo necesitan a contar con menos recursos que el resto". En la misma línea, señaló que "dejar en manos de los centros la capacidad para decidir si se especializan en áreas concretas puede hacer que haya alumnos que no puedan estudiar lo que quieren en su zona o que tengan que desplazarse a otras localidades".

Según Alcudia, la propuesta del gobierno popular perjudica la escuela pública "en beneficio del negocio de la educación concertada, a la que además se le da vía libre para la segregación por sexo, lo que puede traducirse a largo plazo en que estas empresas privadas se aprovechen de la situación". También critica que la medida "convierta los consejos escolares en órganos meramente consultivos, sin capacidad alguna para decidir", en beneficio de los equipos directivos, que serán elegidos por la administración y no por el consejo escolar como hasta ahora.

Por su parte, la patronal concertada no quiso entrar a valorar ayer la ley, sobre la que se pronunciará en los próximos días. La delegada provincial de Educación, Manuela Gómez, tampoco opinó sobre la norma, remitiéndose a las declaraciones de la consejera del ramo, Mar Moreno, que el jueves lamentó que el ministro Wert "añore los años 60 y pretenda volver a ellos con la reforma de la Ley de Educación", a su juicio, "una carrera de obstáculos y zancadillas para los sectores más desfavorecidos".