Una de las obsesiones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es endurecer el Código Penal para intentar frenar los actos vandálicos. Al final, el Gobierno ha dado luz verde a sus pretensiones, si bien Justicia no ha querido ir tan lejos como pretendía Interior. Así, las penas de resistencia pasiva y desobediencia no se agravarán, si bien la segunda desaparecerá del Código Penal y se sancionará por vía administrativa. Además, no se castigará la simple difusión de mensajes por internet que inciten a la comisión de protestas violentas, sino solo en el caso de que revelen que tienen un plan y los medios (piedras, gasolina, etcétera) para llevarlo a cabo. La reforma propuesta por Gallardón clarifica además la definición del delito de atentado contra la autoridad, con el fin de incluir todos los supuestos de agresión o amenazas graves sobre los agentes. Justicia ha incluido las agresiones que se efectúen contra los miembros de los equipos de emergencia.