En el apartado económico, la reforma propuesta pretende una "persecución más eficaz" de los delitos de bancarrota, malversación, administración desleal, etcétera, que en la actualidad quedan en muchos casos impunes. El delito de malversación, por ejemplo, tal como está redactado, exige que el funcionario castigado se haya llevado materialmente el dinero robado, lo que ha provocado que haya muy pocas sentencias condenatorias, según admiten fuentes del Ministerio de Justicia. La reforma prevé ampliar la definición para incluir todas las formas de malverssar de fondos, incluida, por ejemplo, la contratación de empresas ficticias.
En los delitos contra la propiedad industrial, se agravará y diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas, a los que se agravará la pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público, se les atenuará la condena de manera proporcional a su responsabilidad. La propuesta por Gallardón incluye por otra parte la transposición de varias directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia, por la que se tipifican la negación del genocidio siempre que incite al odio contra las minorías, la lucha contra los abusos, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil.
