Los fiscales progresistas consideran que el decreto ley que priva a los inmigrantes sin permiso de residencia de la tarjeta sanitaria y por tanto de la asistencia primaria y especializada contribuye a generar "reprobables sentimientos de xenofobia entre la población". La Unión Progresista de Fiscales, que celebró el pasado fin de semana su congreso en Bilbao, manifiesta en sus conclusiones su "enérgico rechazo" a la decisión del Gobierno del PP, que excluye a los simpapeles y que también aparta de la sanidad pública a los españoles de más de 26 años que nunca han cotizado a la Seguridad Social.

En opinión de la UPF, el decreto impulsado por el PP para recortar 7.000 millones de euros supone un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria que, por primera vez, "pierde su vocación universal para dejar sin cobertura médica y, por lo tanto, en la más absoluta vulnerabilidad a estos colectivos". En sus conclusiones la UPF señala que estas medidas no aportan beneficio o valor alguno a nuestra sociedad y que, muy al contrario, "siguen ahondando en la brecha que marca diferencias entre una clases sociales y otras", a la vez que disparan los sentimientos racistas.

REPROCHE LEGAL Los fiscales reprueban la técnica legislativa utilizada por el Ejecutivo, por entender que la forma del decreto solo debe usarse, según prevé la Constitución, "como mecanismo excepcional" y no para "eludir los cauces democráticamente previstos para aprobar las leyes", máxime cuando está en juego un derecho como el de la asistencia sanitaria, "intrínsecamente unido al derecho a la vida, integridad física y respeto a la dignidad de las personas".

La UPF también expresa su preocupación "por la obsesión por la seguridad pública en detrimento de la legítima expresión de la discrepancia", en alusión a la cruzada contra el vandalismo emprendida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el conseller de Interior, Felip Puig, como aliado. Según los fiscales esta obsesión produce reformas legales "populistas" frente a fenómenos "ciertamente reprobables de violencia callejera" pero que ya tienen adecuada respuesta en el Código Penal actual. Esta asociación denuncia, además, "el encarnizamiento punitivo frente a la delincuencia marginal, que deja en segundo plano la persecución de la criminalidad del poder económico y político".

Por esta razón, la asociación hace una llamamiento a los fiscales a que se apure la interpretación legal a "fin de garantizar que el crimen en los despachos recibe igual respuesta sancionadora que el crimen en las calles".