Cerca de cincuenta asociaciones de estudiantes de todo el país se han unido en la nueva Plataforma por la Universidad Pública de Calidad para manifestar su rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno con objeto de recortar el gasto en la educación superior pública y han llamado a los universitarios a secundar la huelga general convocada por los sindicatos de Educación para el próximo martes 22 de mayo, así como el resto de movilizaciones en defensa de la educación pública que "seguirán convocándose durante varios años a causa del proceso de renovación del sistema anunciado por el Ejecutivo".
En su manifiesto, han mostrado su oposición ante la "brutal subida" de las tasas universitarias y frente a las medidas que afectan al personal docente investigador, que "lastran su carrera y disminuyen la calidad del colectivo docente". Por otra parte, denuncian las actuaciones destinadas a reducir la autonomía universitaria y acusan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de tener "un profundo desconocimiento" sobre el funcionamiento de la Universidad Pública.
Durante el acto de presentación de la Plataforma, que tuvo lugar ayer en la Universidad Complutense de Madrid, criticaron la "actitud autoritaria" del Gobierno al aprobar estas medidas sin contar con la comunidad universitaria representada por sus rectores, representantes de estudiantes y representantes de los trabajadores. Por ello, han restado legitimidad al comité de expertos convocado para analizar la situación del sistema universitario. "Es una comisión coja", han sentenciado.
Asimismo, mostraron su "preocupación" ante las palabras del Ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha apuntado que estas medidas de urgencia aprobadas recientemente son solo el principio de las reformas que acometerá el Ejecutivo en materia educativa, por lo que la Plataforma trabajará para hacer frente a "la campaña de desprestigio y criminalización que se está llevando a cabo contra los estudiantes".
La Plataforma pretende concienciar a la sociedad del "peligro" que deriva de la aplicación del Real Decreto Ley por parte del Gobierno.
