Balón al suelo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha impuesto la calma y rebajó, de un plumazo, los entusiastas pronósticos hechos por algunos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en las últimas semanas se habían mostrado convencidos de lo fácil que iba a ser aplicar las exenciones legales y fiscales que reclaman los promotores del macroproyecto Eurovegas para propiciar su implantación en esa comunidad.

La misma presidenta Esperanza Aguirre había llegado a aventurar que la actual sintonía entre los gobiernos central y madrileño podía facilitar mucho las cosas en favor de su candidatura, mientras que su consejera de Presidencia, Regina Plañíol, no veía obstáculo en modificar, llegado el caso, alguna que otra norma urbanística. Se las prometían muy felices.

Pero ayer Sáenz de Santamaría no dejó lugar a dudas. De entrada, recordó que son los empresarios quienes deciden dónde instalarse, para agregar, a continuación, que eso solo se podrá hacer mientras "cumplan con los requisitos necesarios para poner en marcha una empresa en España". La vicepresidenta recalcó que España tiene unas "normas, que en sus principios básicos tienen que ser respetadas", y recordó las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en referencia a la existencia de unas normas fiscales que tienen que cumplirse.

Sáenz de Santamaría no quiso entrar en la opinión que le merece al Ejecutivo la posible construcción del macrocomplejo, que (si se acabaran aceptando las exigencias de su promotor, el magnate estadounidense Sheldon Adelson) obligaría a permitir a este el incumplimiento de al menos tres leyes estatales: el Estatuto de los Trabajadores, la ley antitabaco y la de extranjería. Aún en Madrid, el vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró que siguen adelante las negociaciones con los empresarios americanos en favor de la opción madrileña. La operación, indicó González, está en manos de los responsables del Ministerio de Economía.