Al igual que "se han otorgado ayudas excepcionales" a los bancos, también deberían "tomarse medidas excepcionales para los ciudadanos que no puedan afrontar el pago de sus hipotecas". Con este impecable argumento a modo de previa, la Defensora del Pueblo en funciones, Maria Luisa Cava de Llano, presentó ayer un completo informe (168 folios) con 20 recomendaciones entre las que destacan una moratoria para las cuotas que no puedan afrontarse, la flexibilización de las fórmulas de pago de las cuotas y la dación en pago para los casos más extremos. En cada caso individual debería optarse por una u otra alternativa, todas reguladas por una normativa dictada al afecto.

ACUERDO CON LA PATRONAL El informe no es sólo una invitación al Gobierno. Se trataría de llegar de un acuerdo que incluyera también con la Asociación Española de Bancos (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Porque la banca obtiene de las hipotecas "su principal fuente de ganancias" y, sin embargo, "desde hace más de una década" ha "otorgado de forma imprudente" los créditos facilitando "el sobreendeudamiento de las familias". Son, por tanto, corresponsables de la situación por la que ahora pasan sus clientes.

Cava de Llano también lanza dura críticas al papel del Banco de España. De las quejas, concluye que esa institución "centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros" y "deja en segundo plano la protección del consumidor, pronunciándose rara vez sobre el fondo de las reclamaciones". "Como árbitro de las relaciones banca-cliente" debería "implicarse más en la protección de los consumidores", advierte.

Las propuestas de moratorias y flexibilización de cuotas beneficiarían incluso a la banca, según Cava de Llano, porque acabarían "cobrando más y durante más tiempo". De la dación en pago, la Defensora propone que pueda aplicarse en los casos más extremos en que el bien hipotecado es la vivienda habitual o el local comercial que proporciona los ingresos familiares. Pero no se queda ahí. También lanza la idea de que el hipotecado pueda seguir residiendo en la vivienda a través de la fórmula del arrendamiento forzoso.

En el documento también se reclama la creación de un procedicimiento específico de para afrontar la insolvencia de las personas físicas análogo al sistema concursal para las empresas. Una fórmula legal que "permita al ciudadano negociar sus deudas y evitar que se le condene a la pobreza". H