Tras el desastre nuclear en Fukushima muchos Gobiernos de países con centrales nucleares, presionados por sus opiniones públicas, echaron el freno a los proyectos vinculados a esta fuente de energía. En España, la llegada del PP al poder ha supuesto que el Gobierno haya optado por emprender la senda contraria.

Las dos primeras decisiones del Ejecutivo del PP -la adjudicación exprés del cementerio nuclear y la revocación del cierre de Garoña- han puesto en alerta a las organizaciones ecologistas que temen también que el viraje se extienda a otro campo, el de las energías renovables en el que España era hasta hace pocos años líder mundial. Las primeras palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria, al respecto han sembrado la inquietud también entre los productores.

Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó Garoña para prometer que levantaría el cierre, a los ecologistas les ha sorprendido una decisión tan rápida. "Desde Fukushima el PP matizó mucho su discurso pronuclear. En todo el mundo ha habido un antes y un después de ese suceso, pero parece que aquí, no", se lamenta Carlos Bravo, portavoz de la campaña antinuclear de Greenpeace. "Es sorprendente la capacidad de pronunciarse tan rápido en asuntos técnicamente tan complejos y socialmente tan controvertidos", reaccionó Ecologistas en Acción.

El caso de Garoña es paradigmático. La orden de cierre ya estaba dada y su aportación a la producción energética es mínima, pero tiene el mismo diseño que Fuskushima y serias limitaciones en los sistemas de refrigeración. "Es irrelevante desde el punto de vista económico pero es un peligro", sostiene Bravo.

BRECHAS INTERNAS La rápida apuesta nuclear del Gobierno abre incluso brechas internas. "He dicho varias veces que ampliar la vida de Garoña es un error. Lo dije con el anterior Gobierno y también ahora. Con ello defiendo el sentir mayoritario de la ciudad", escribió ayer en Twitter el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto.

Soria también adelantó que es partidario de prorrogar la vida útil del resto de reactores más allá de los 40 años para los que fueron diseñados. Por el contrario, otro países están adelantando los cierres de las instalaciones.

El caso más llamativo es el de Alemania, donde la cancillera Angela Merkel cerró ocho reactores de una tacada, entre ellos varios del tipo de Garoña, y clausurará el resto durante esta década. Suiza y Bélgica, y quizá próximamente Francia, han seguido sus pasos. En Japón solo permanecen operativas 6 de las 54 plantes de su parque nuclear.

Todos los países occidentales revisan sus nucleares con exigencias derivadas de las lecciones de Fukushima, las famosas pruebas de resistencia, que aún no han finalizado y que de momento obligarán a las compañías españolas a efectuar "importantes inversiones" aún por cuantificar para reforzar su seguridad.

EL DEFICIT DE TARIFA Más allá del debate nuclear, a ecologistas y productores de renovables les inquietan los primeros pasos del Ejecutivo. No es solo que Rajoy ya se haya reunido solo con la patronal eléctrica, partidaria de reducir el peso de esta energía limpia, es que el nuevo ministro achacó el martes a este sector el déficit de tarifa (24.000 millones) con el que pretende acabar.

"Que diga que las renovables conllevan un extracoste causante del déficit" que alguien debe pagar "no nos deja tranquilos", señaló ayer el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Estos sostienen que el déficit de tarifa proviene del alto precio que las eléctricas cobran al sistema por energías como la hidroeléctrica o la nuclear, que les salen muy baratas. "Garoña produce energía más barata, es cierto, pero esto solo engorda la cuenta de resultados de sus titulares porque el kilovatio lo cobran a precio de planta de ciclo combinado", coincide Carlos Bravo.

Por su parte, la Asociación de Municipios en Areas con Centrales nucleares (AMAC) impugnará la decisión de ubicar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca). La opción del Gobierno, dijo la AMAC, ha sido "precipitada" y "poco madura" y se ha tomado "sin tener en cuenta el consenso social en las distintas zonas o las consideraciones técnicas sobre los emplazamientos". "Se ha escogido una ubicación que supone una solución más cara", sostiene la entidad.