Las mismas plataformas de internet que impulsaron las revueltas en el mundo árabe se convirtieron ayer en plazas de Tahrir para centenares de personas que se echaron al ciberespacio a celebrar la sentencia contra las tarifas del canon digital. La decisión de la Audiencia Nacional fue el tema más comentado en las cuentas de Twitter en España. Decenas de foros de Facebook se llenaron de vivas por la decisión judicial. Las noticias relacionadas fueron las más valoradas en Meneame.com. Hubo hasta quien invitó a brindar con chupitos virtuales... pero a medida que se ampliaba la información aumentaron los aguafiestas que alertaron de que la guerra no ha acabado.

El texto íntegro de la sentencia corrió como la pólvora de pantalla en pantalla. También las reacciones del Gobierno y la confirmación de que el tribunal no prevé que se reintegre el dinero, que fue lo que los internautas reclamaron con más fruición. Devuélveme mi canon que me lo has quitado, que me lo has robado, tuiteó piti1024 al más puro estilo Bustamante. Ahora puedo grabar sin que me graven, se alegró jrjuanra. ¿Cómo se va a articular la devolución de los millones robados con el canon?, preguntó melvinsoprano.

Las respuestas a esta cuestión fueron innumerables. Tanto en Twitter y en Facebook como en blogs y webs especializados se advirtió de que la Audiencia Nacional no se considera competente para reclamar la devolución de lo abonado, pero eso no frenó a muchos usuarios, que se hicieron eco de una información que circulaba por la red en la que se aseguraba que se puede recuperar lo pagado por el canon digital gracias a la acción por enriquecimiento injusto.

Los comentarios victoriosos iniciales empezaron a trufarse cada vez más de artículos que redoblaron el volumen de los tambores de guerra. Al aviso de que el canon sigue vigente, pero con la norma anterior a la sentencia se respondió con que la UCE reclama que se devuelva el dinero a los consumidores.

Poco después empezaron a multiplicarse las intervenciones que, de rebote, reclamaban la abolición de la llamada ley Sinde, a lo que siguieron numerosas peticiones para que la ministra de Cultura dimita.