España y sus partidos políticos tampoco se han librado del debate sobre energía nuclear surgido a raíz de la crisis que se vive en Japón. Ni socialistas ni populares dieron muestras ayer de estar demasiado cómodos ante el asunto --el de la seguridad de las centrales--, pese a que acapara la atención de la opinión pública mundial. Así, mientras el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, se mostró partidario de no abordar tan peliagudo tema cuando los japoneses están luchando todavía contra un posible desastre nuclear, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, sembró cierta confusión al insistir en que su partido sigue defendiendo este tipo de energía, siempre y cuando sean los técnicos, y no los políticos, los que tomen las decisiones sobre la posible apertura de centrales o la prolongación de su vida útil.

DISCREPANCIAS INTERNAS Desde Izquierda Unida, se aprovechó la coyuntura para tratar de presionar al Gobierno y exigir a José Luis Rodríguez Zapatero un calendario de cierre de las centrales españolas. O sea, que no hay unidad de criterio, ni en el seno de cada organización.

El caso más llamativo en lo que a discrepancias internas concierne se da en el PP. Hace apenas un par de semanas, la fundación que dirige José María Aznar, la FAES, hizo público un informe sobre energía nuclear, elaborado a petición de Mariano Rajoy, que apostaba por prolongar la vida operativa de las centrales más allá de los 60 años, "en función de criterios aceptados en otros países y siempre con garantía de las condiciones de seguridad de operación de las instalaciones", además de proponer un plan de selección de emplazamientos para nuevas instalaciones. Pero a la dirección popular le interesó ayer distanciarse en lo posible de dicho informe, a pesar de que obedece a un encargo del líder del partido. "FAES es FAES y la postura del PP es la de siempre", apuntó Cospedal ayer en rueda de prensa.

¿Y cuál es la postura de "siempre" del PP? La que defiende que España dependa de un mix energético que incluya la energía nuclear y que se rectifiquen decisiones como la del cierre de Garoña. Cospedal sacó a colación que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estipuló en su día que Garoña podía seguir funcionando con seguridad, un criterio que desoyó el Ejecutivo socialista y que el PP hubiera obedecido al pie de la letra. Es más: la secretaria general de los populares llegó a decir ayer que su partido, en caso de gobernar, se ceñirá a lo que diga el CSN y los organismos correspondientes europeos a la hora de abrir centrales o alargar su vida útil. "A esto es a lo que se va a atener siempre el PP y no a decisiones políticas", espetó.

SIN CEMENTERIO NUCLEAR Con los extraños argumentos de los que hizo ayer gala Cospedal, podría decirse que, si Rajoy llega a la Moncloa, se limitará a ejecutar las órdenes que le den desde el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero por mucho que ayer intentara disimular la número dos del PP, es obvio que las decisiones polémicas en torno a este tipo de energía están en manos de los políticos, como demuestra que el Gobierno aún no haya sido capaz de encontrar un lugar para instalar un cementerio nuclear en España por la oposición de ciertas comunidades autónomas y sus representantes políticos. Ese es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, región donde tanto el presidente, José María Barreda, como la jefa de la oposición, que es precisamente Cospedal, se niegan a aceptar el silo en su territorio.

El PP estuvo conforme en mover el debate en el ámbito europeo, aunque veteranos dirigentes como Manuel Fraga pidieron una reflexión sobre la defensa de la energía nuclear. El PSOE, que por la mañana quiso evitar el tema, emitió un comunicado por la tarde recordando que prefiere energías "menos contaminantes" y "más seguras".