El ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC, no solo se enfrenta al rechazo político e institucional de la Generalitat y del Gobierno por su intención de no empadronar a inmigrantes sin permiso de residencia, sino que podría incluso recibir una condena penal que comporta la inhabilitación de hasta 10 años para el responsable de tomar la decisión. La advertencia esta vez ya no es de ningún responsable político sino del máximo órgano de los abogados de España, el Consejo General de la Abogacía. El presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo, Pascual Aguelo, advierte al equipo de gobierno de Vic que, dado que se le ha advertido que sus intenciones vulneran la ley, si pese a ello tira adelante "podría incurrir en el delito de prevaricación administrativa, regulado en el artículo 404 del Código Penal con penas de inhabilitación de siete a diez años para empleo o cargo público".

Aguelo avisa al consistorio que "no puede situarse al margen de la ley y si lo hace estaría vulnerando derechos fundamentales". Para sustentar sus afirmaciones, el Consejo de la Abogacía emitió ayer un exhaustivo informe de sus expertos en inmigración en el que afirma que ±ninguna normaO relativa al empadronamiento ±exige al extranjero probar que su residencia en España es regular. Además la competencia policial de extranjeros no corresponde a los ayuntamientosO. El estudio recuerda que la ley de bases de régimen local, que regula el régimen del padrón, eliminó expresamente las diferencias entre inmigrantes y ciudadanos españoles en esta materia y a ambos les califica de ±vecinosO siempre que demuestren que tienen su domicilio habitual en el municipio.

En en frente jurídico, también ayer dos asociaciones de magistrados -Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria- se sumaron al coro de voces que constatan que las pretensiones de Vic son manifiestamente ilegales y contrarias a derecho.