El 40 por ciento de las personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) ha sufrido un trato negativo e incluso torturas, la mayoría desconoce quién es su abogado y carecen de lo básico como inodoros en las celdas y ropa.

Un informe presentado hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) refleja las condiciones y el trato que reciben los internos en tres de los ocho CIEs que existen en España (Málaga, Madrid y Valencia), tras visitarlos y realizar más de un centenar de entrevistas a los internos, cotejadas después con los funcionarios.

La investigación ha sido expuesta al Ministerio del Interior -de los que dependen los centros- y fruto de ello ha sido la apertura de diligencias por un presunto caso de maltrato en el centro de Aluche (Madrid), ha explicado el director del informe, el psiquiatra Pau Pérez-Sales.

Al parecer, ha añadido, no se trata de uno de los funcionarios que trabajan en el CIE de Aluche, sino de un miembro de la brigada encargada de trasladar a los internos al aeropuerto de Barajas.

El 40 por ciento de los internos entrevistados relatan un trato "negativo o muy negativo", aunque no llega a ser una "práctica generalizada", y un cuatro por ciento apuntan incluso a torturas y malos tratos graves, ha denunciado.

En este contexto, el psiquiatra ha recalcado que el 63 por ciento de quienes están en los CIEs no son delincuentes, sino personas que han incurrido en una falta administrativa por carecer de papeles en regla.

Según el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, los centros de internamiento "repugnan" al Estado de Derecho y su situación exige tomar medidas; "están pensados como comisarías para una estancia corta", pero en realidad la detención se eleva a veinte días de media y puede llegar -actual límite legal- a los cuarenta días.

El 20 por ciento de los retenidos son africanos que han llegado a España en pateras tras viajar una media de tres a cuatro años desde su país; otro 20 por ciento son africanos que llevan varios años residiendo en España; un 40 por ciento son latinoamericanos que viven aquí desde tiempo atrás, y el resto procede de países del Este o de Asia.

Una de las deficiencias más graves detectadas en los centros, que CEAR pudo visitar gracias a una autorización de Interior, figura que sólo el 42 por ciento de los internados conoce el nombre de su abogado y tiene forma de contactar con él; la enorme dificultad para recibir y hacer llamadas al exterior, así como un régimen de visitas casi inexistente.

Otras carencias, que pese a parecer menores "tiene mucho que ver con la dignidad", es estar obligado a usar los mismos calzoncillos durante treinta días, no tener inodoros en las celdas y, por tanto, tener que hacerlo por las noches en una botella o en la pileta, o tener una mala alimentación.

El 34 por ciento de los entrevistados dicen que la comida es de mala calidad y el 32 por ciento que es insuficiente; alrededor del 50 por ciento refieren haber perdido el apetito y un 30 por ciento afirman tener síntomas de adelgazamiento, hambre o debilidad.

El equipo de CEAR comprobó también deficiencias en la atención médica, errores y negligencias en el diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos, y negativas en la emisión de informes médicos.

Globalmente, el 18 por ciento de los internos en Madrid, el 64 por ciento en Málaga y el tres por ciento en Valencia consideran el servicio médico como satisfactorio.

Otras deficiencias se refieren a que los centros no entregan el certificado con el número de días de estancia en la CIE para que el interno pueda acreditarlo, ni informan de la existencia de los formularios de quejas.

De los tres centros de internamiento, el mejor valorado es el de Málaga, Madrid se encuentra en una "situación intermedia" y en el de Valencia se viven "condiciones muy duras".

El estudio de CEAR forma parte del estudio europeo DEVAS, que el Servicio Jesuita a Refugiados inició en 2008 con financiación del Fondo Europeo para los Refugiados de la Comisión Europea para conocer la situación de los centros de internamientos en 23 países de la Unión.