El fallecimiento ayer de Rayán, el bebé de la primera víctima de gripe A(H1N1) en España, es un "asunto penal" que seguirá su cauce en los tribunales, que deberán decidir si ha existido imprudencia grave profesional por muerte u homicidio, según el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz.

Dolz, que ha participado hoy en un curso de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, ha reconocido a los periodistas que será el juzgado de instrucción correspondiente el que deberá encargarse de aclarar las circunstancias y las posibles responsabilidades en el caso de la muerte de Rayán.

El hecho de que el fallecido sea un menor "no cambia la situación", ha asegurado Dolz, que ha añadido que es "muy prematuro" concretar la pena, porque dependerá de las pruebas y se desconoce "si la causa terminará en una condena o en un sobreseimiento".

En relación con la ponencia, que ha versado sobre la protección de menores, Dolz ha afirmado que España tiene "una protección homologable internacionalmente", pero que "lo importante es la efectividad de los derechos".

En este sentido, ha indicado que "es necesario perfeccionar algunas de las facetas, concretamente, las referidas a los menores con trastornos de conducta y dificultad social".

Sobre la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor, reformada en 2006, Dolz ha apuntado que una nueva reforma no es "necesaria", aunque "tal vez dentro de unos años sí con el objetivo de perfeccionar el sistema".

"En todo caso, hay una respuesta suficientemente adecuada en las leyes actuales para asuntos de gravedad", ha explicado el fiscal del Tribunal Supremo, quien ha señalado además que "otra cosa es la opinión discordante de algunos sectores de la sociedad que no están de acuerdo con la proporcionalidad de la respuesta tanto en menores como en mayores".

Según Dolz, los menores nunca deberían ir a la cárcel, porque desde 1889 se estableció que el enjuiciamiento penal de los menores tendría unos órganos diferentes a los de los adultos.