Los obispos todavía tienen fe, con el retrovisor puesto en los frenazos a nuevas regulaciones desde 1985, en que el anteproyecto de ley del aborto no se apruebe. Para reforzar esa fe, la Conferencia Episcopal Española (CEE) tocó ayer a rebato con un documento en el que pide a los diputados católicos que voten contra una reforma que califican de "fuente envenenada de inmoralidad e injusticia". El secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, llamó también a los médicos a la desobediencia y amenazó con la "excomunión automática" a quienes participen en un aborto.
Martínez Camino no precisó el alcance de esta pena fijada por el derecho canónico en el siglo IV, pero dejó claro que incurren en ella las mujeres, los profesionales presentes en la intervención y puede que los maridos y familiares que están de acuerdo, empujan o consienten el aborto. "Ante una ley que llama derecho a la violación del derecho fundamental a al vida es legítima la objeción de conciencia. Ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto", abundó el portavoz.
La CEE también arremetió contra el Gobierno por imponer una moral sexual "basada en el abortismo y en la ideología de géneroO, porque esto contribuirá "a la desnucación (sic) de la juventud y a ampliar la presencia del drama del aborto".
A su juicio, el anteproyecto de ley que permite a las menores de 16 años abortar sin consentimiento paterno abocará a las adolescentes españolas al abismo moral.
"Decidir abortar es quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad", según afirma una declaración hecha pública por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Así, los obispos españoles subrayan que "ningún católico coherente con su fe" podrá aprobar ni votar a favor de este anteproyecto, que supone un "serio retroceso" sobre la actual legislación despenalizadora, ya de por sí "injusta".
Matizan que sus reflexiones se dirigen "a todos" y piensan que podrían ser aceptadas también por muchos que no comparten la fe católica, pues giran en torno, argumentan, "al derecho de la vida de todo ser humano inocente, un patrimonio común de la razón humana".
El documento episcopal asegura que eliminar una vida "no es nunca un asunto meramente privado".
