Tras los obispos, llegaron los científicos. Un día después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) mostrase una fotografía de un lince junto a otra de un bebé y acabara concluyendo que con la reforma del aborto se protegerá más a estos felinos que a los fetos, se presentó en Madrid un manifiesto, suscrito por mil académicos, que pretende aportar "razones científicas y no ideológicas" para cargar contra el anunciado cambio legal. Son argumentos, sostienen los firmantes, basados en los "conocimientos más actuales en genética, biología celular y embriología", pero ni se diferencian especialmente de los esgrimidos por los prelados --que han provocado que las relaciones entre el clero y el Gobierno vuelvan a un clima similar al de la pasada legislatura--, ni sirven solo para arremeter contra esta reforma, con la que se pasará de un sistema de supuestos, como el actual, a otro de plazos, como el de la mayor parte de los países de Europa occidental.

Sirven, de hecho, para cargar contra el aborto, contra la regulación vigente de la interrupción voluntaria del embarazo. "Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación", asegura el escrito --llamado Declaración de Madrid y firmado por biólogos, pediatras, juristas, psiquiatras y ginecólogos--, que también dice que "un aborto no es solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana".

LOS DERECHOS DEL CIGOTO "Entrar en una terminología de plazos no es aceptable, porque uno no pertenece más o menos a la especie humana según el número de células que tenga o los kilos que pese", argumentó ayer Mónica López Barahona, catedrática de Bioética, para quien el embrión celular, el cigoto, "es vida humana y por lo tanto objeto de los mismos derechos que cualquier otro individuo de la especie".

Por mucho que el Ejecutivo y el PSOE digan que el debate aborto sí, aborto no está actualmente superado en España, la apertura del melón legislativo ha desempolvado la controversia, originando así un doble efecto regresivo. Por un lado, se vuelve a discutir en los términos de 1985, año en el que se aprobó el actual sistema de supuestos. Por otro, las relaciones entre el Gobierno y los obispos, después de un año de relativa calma, han retornado a un punto similar, si bien no tan extremadamente tenso, al que se encontraban en la pasada legislatura, cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ayer demostraron las palabras de diversos dirigentes socialistas y del Gobierno.

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, declaró que el camino que ha emprendido la CEE con su campaña contra la ley del aborto --se han hecho 30.000 copias del cartel del lince y el bebé, que también podrá verse en 1.600 enormes vallas de 37 ciudades españolas-- es "distinto del que sigue la sociedad", una opinión compartida por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien sostuvo que "la cúpula de la Iglesia va en contra de los tiempos, del progreso de la sociedad".

Bastante más severos fueron tanto el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que acusó a los obispos de tener una postura "hipócrita", caminar "hacia atrás" y defender posiciones "rancias y antiguas", como José Antonio Alonso, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, donde tuvo lugar, entre finales del pasado año y principios de este, la llamada subcomisión del aborto, la segunda pata sobre la que hasta ahora se ha sostenido la reforma, junto al comité de expertos dependiente del Ministerio de Igualdad.

CAMPAÑA DEMAGOGICA Alonso tachó de "extremista y demagógica" la campaña de la Iglesia, que solo cosechó la comprensión de un PP que no cambió el sistema del aborto cuando estuvo en el Gobierno, ahora se muestra en contra de cualquier reforma y critica de forma constante una de los aspectos más controvertidos de las conclusiones del comité de expertos y la subcomisión parlamentaria: que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin que sea necesario contar con el consentimiento de sus padres. Para la portavoz de los conservadores en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la Iglesia tiene "todo el derecho expresar su opinión como considere oportuno". "Se hacen campañas de todo tipo y no seré yo quien las critique", insistió la dirigente del PP.