La Junta de Andalucía aplicará un tratamiento diferenciado a la hora de abordar las peticiones de exhumación de las fosas, en función de las connotaciones y circunstancias de cada una, aunque sobre la base de un protocolo de actuación común que será el que marcará el Gobierno central. Después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera de la causa en favor de los juzgados de aquellos territorios en los que se ubican las fosas, tanto el Gobierno central como la Junta se comprometieron a atender las demandas de exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Según ha explicado Francisco José Salazar, comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, la Consejería de Justicia trabaja en la elaboración del Plan Estratégico de la Memoria Histórica, en el que se enmarcan las actuaciones que hará la Junta andaluza.
A la hora de financiar las exhumaciones será el protocolo del Estado el que determine los criterios a seguir, según Salazar, que considera "acertado" el modelo utilizado en la exhumación de las fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, en el que se estableció una colaboración a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Junta y la Universidad.
En cualquier caso, el comisario ha precisado que el asunto tiene "connotaciones completamente diferentes en cada sitio" y que las fosas afectan "a muchas familias" cuyos "sentimientos habrá que respetar". "Con prudencia y diálogo se podrán ir estudiando los casos, porque no todos son iguales".
