La soledad puede llegar a ser tan honda en las "celdas" de aislamiento de algunos centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que los niños reclaman a veces una medicación que les ayude a "soportar la angustia del emparedamiento".
Así ha descrito hoy el Defensor del Pueblo las consecuencias de ser internado en estas salas, a veces por tiempo indeterminado, de las que disponen el 68 por ciento de los 27 centros de este tipo analizados en un informe presentado hoy en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Su objetivo es "garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol", con el nombre eufemístico de "salas de reflexión" o "salas de baja estimulación", ha explicado Múgica.
Sin embargo, "un instante de permanencia en el interior de esas celdas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad que debieran inspirar todos los métodos de intervención terapéutica", ha indicado. Llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación y apenas alcanzan los tres metros de longitud.
"Esos cuchitriles, en los que so pretexto de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia, tendrían que ser sustituidos de inmediato -ha reclamado- por otros espacios, convenientemente acondicionados para evitar posibles lesiones".
Las medidas que suscitan mayor rechazo por parte de los adolescentes son las de separación del grupo y aislamiento, el empleo abusivo de las contenciones, el uso excesivo de fármacos y determinadas prácticas denominadas impropiamente "educativo-creativas", ha proseguido.
Algunas de ellas han desembocado en lesiones de los menores, causadas por sí mismos o por otras personas, que han llegado a requerir la hospitalización de menores de algunos centros de Madrid, según ha citado Múgica. El Defensor ha asegurado que el sistema para atender a estos menores no está dando frutos, a pesar de que las administraciones gastan una media de 3.810 euros mensuales por cada menor.
