La Audiencia de Barcelona ha asestado un duro golpe a una red de narcotraficantes búlgaros y españoles. Un tribunal ha condenado a un total de 136 años de prisión y a pagar más de 146 millones de euros de multa a 16 miembros de la banda, que actuaba en el barrio del Poble Sec de la capital catalana y almacenaba gran parte de la droga en dos chalets de Cádiz. Los magistrados, sin embargo, han tenido que absolver a dos imputados y han solicitado a la fiscalía o al Ministerio de Interior que abran una investigación contra un capitán y un teniente de la Guardia Civil de Algeciras que efectuaron una entrada y registro en una lujosa vivienda en la urbanización de Sotogrande de San Roque (Cádiz).

La sentencia detalla que la investigación policial comenzó a finales del 2003 ante la sospecha de que en la población de Arenys de Mar y en el Poble Sec se producían suministros de cocaína. Los dispositivos de vigilancia propiciaron las primeras detenciones en el barrio barcelonés, y estirando del hilo, con entradas y registros en varias viviendas de la capital catalana, se llegó a desarticular a una organización con tentáculos en el sur de España.

El tribunal detalla que en la banda se distinguen dos grupos distintos. Uno de ellos, formado por varones de nacionalidad búlgara, se bifurcaba a su vez en dos ramas, una ubicada en la capital catalana y otra en Cádiz. Era una "estructura piramidal y jerarquizada, encaminada a la venta y distribución de droga", en la que cada persona tenía asignado un papel adjudicado por su jefe. Este resultó ser Ivailo A. --condenado a más de 13 años de prisión--, quien, según los investigadores, era el cabecilla del llamado grupo búlgaro .

La otra facción de miembros de la banda estaba compuesta por individuos que en cualquier momento podían ser sustituidos y que se dedicaban a la comercialización de la cocaína. Dos españoles actuaban como transportistas de la droga entre la localidad de Manilva (Málaga) y Barcelona. Las remesas eran de 80 o 90 kilos de cocaína.

A pesar de esta dura sentencia, los magistrados no han podido acreditar quién era el jefe de la rama búlgara de Cádiz, pues la actuación policial en Sotogrande "resultó parcialmente nula", ya que el registro de la Guardia Civil se practicó sin autorización judicial.