Un ex inspector jefe de la Policía y dos guardias civiles han ingresado en prisión tras declarar anoche ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Martorell en relación con su supuesta participación en un robo de 400 kilogramos de cocaína depositados en un contenedor del puerto de Barcelona. Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la juez de Martorell decretó la prisión sin fianza de estos tres miembros de las Fuerzas de Seguridad por diversos delitos, entre ellos los de prevaricación, cohecho, asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

La misma juez interrogó hasta las cuatro de la pasada madrugada a otros cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad, uno de los cuales pudo eludir la prisión depositando una fianza de 3.000 euros mientras los otros tres quedaron en libertad provisional sin fianza. Estos siete agentes están imputados en la causa 1474/2004, que investiga los hechos sucedidos a partir de noviembre de 2004, cuando llegó al puerto de Barcelona un barco con un contenedor cargado de gambas congeladas en el que se escondían 1.077 kilogramos de cocaína y que fue interceptado por los Cuerpos de Seguridad.

Un grupo de delincuentes dedicado al tráfico de droga saqueó el contenedor en enero de 2005, con inusitada facilidad, pues había sido precintado y estaba custodiado por la Guardia Civil, y robó unos 400 kilogramos de la sustancia incautada, lo que levantó sospechas de que podría haber agentes policiales en la trama. No obstante, no fue hasta principios de este mes de febrero cuando la investigación dio un nuevo impulso a raíz de la confesión de uno de los delincuentes acusados del robo, lo que permitió a la Fiscalía Anticorrupción presentar un informe ante el juzgado que le apremiaba a adoptar medidas sobre los agentes supuestamente involucrados.

Los agentes que han ingresado en prisión son el ex inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Antonio J.R., prejubilado hace unos años, y los agentes de la Guardia Civil Antonio S.M. y Miguel Angel H.F. El guardia civil Antonio S.M. es el que acumula más delitos imputados, concretamente los de corrupción a funcionarios públicos, prevaricación, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y asociación ilícita.

A su compañero Miguel Ángel H.F. la juez le imputa los delitos de prevaricación, cohecho, negociación de actividades prohibidas a funcionarios y asociación ilícita, mientras el ex inspector de Policía está acusado de cohecho, negociación de actividades prohibidas a funcionarios públicos y asociación ilícita. La juez decretó prisión provisional eludible pagando una fianza de 3.000 euros al ex brigada de la Guardia Civil Roberto P.C., ya depositada, por los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Finalmente, la magistrada ordenó la libertad provisional sin fianza para otros tres agentes de la Guardia Civil, Fernando G.V., José S.F. y Fernando A.V., imputados por delitos de cohecho, revelación de secretos o asociación ilícita, y que tendrán la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. El juzgado acumula más de 40 tomos de investigaciones por estos hechos y durante este tiempo se han practicado múltiples diligencias para esclarecer la participación de todos los imputados en la causa, que en total superan la veintena, incluidos los 7 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

A lo largo de la instrucción se han practicado escuchas telefónicas durante 13 meses, se ha tomado declaración a la veintena de imputados, a varios testigos, se han tramitado comisiones rogatorias a Francia y Andorra, y se han ordenado entradas y registros con apertura de cajas fuertes. La causa principal ha derivado en 5 causas más, dos de ellas remitidas a juzgados de Valencia y Barcelona por tráfico de drogas, y otras tres que se tramitan en el juzgado de Martorell por blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública; por detención ilegal y lesiones; y por corrupción. Las investigaciones judiciales por este caso continúan aún bajo el secreto de las actuaciones.