La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por tres votos contra dos suspender cautelarmente en sus funciones al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, después de que el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad haya admitido trámite la querella que presentó una mujer contra él por retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.

La decisión se acordó con el voto favorable de los vocales pertenecientes a la denominada "minoría progresista" en el Consejo Luis Aguiar, Juan Carlos Campo y Fernando Salinas, actuando este último en sustitución de Juan Pablo González, perteneciente a la mayoría. Votaron en contra los "conservadores" Carlos Ríos y Enrique López.

El Consejo suele suspender en sus funciones a los jueces que son investigados en una causa cuando ésta ha sido instada por la Fiscalía, pero en el caso de Calamita, la querella por "retardo malicioso" se ha incoado a instancias de parte, si bien el Ministerio Público informó a favor de la suspensión mientras se dirime la causa penal.

En el fondo del debate de este asunto se encontraba el interés de ciertos sectores del CGPJ por evitar que, de aprobarse la suspensión de Ferrín Calamita, se pudiera generalizar la idea de que interponer querellas contra jueces puede servir como "vía rápida" para apartales de un asunto cuando así interese a las partes. Pero en este caso ha primado el interés por apartar a Calamita de su función.