La laxitud con la que los tribunales han tratado hasta ahora a los conductores bala y a los más beodos tiene los días contados. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por 181 votos a favor, 120 contra y 9 abstenciones la proposición de ley de reforma del Código Penal que prevé penas de cárcel para los que superen en más de 80 kilómetros por hora los límites permitidos en vías interurbanas; en 60 kilómetros por hora, los de las urbanas, y a los conductores que lleven más de 1,2 gramos de alcohol en sangre. A los jueces no les va a quedar el margen para la interpretación que les otorga la actual legislación y que acaba librando de la cárcel a los más temerarios. Si se superan los mencionados límites, las penas serán ineludibles.

La otra gran novedad de la reforma, las penas de cárcel para quienes conduzcan con el carnet retirado o sin haberlo obtenido nunca, también prosperó. El objetivo es evitar, en este caso, que sigan al volante aquellos que han perdido todos los puntos y que hoy tan solo se enfrentan a una multa pecuniaria.

ESPAÑA SE IGUALA A LA UE No es de extrañar que, una vez finalizado el debate, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostrara muy satisfecho al considerar que servirá para "evitar, en lo posible, las tragedias que se producen cada fin de semana". También destacó que con el cambio legislativo, España se iguala a otros países de la Unión Europea. Francia, Alemania, el Reino Unido y otros estados que encabezan la lucha contra la siniestralidad viaria introdujeron ya hace años normas parecidas.

Si algo ensombreció la alegría del ministro y de los autores de la proposición (PSOE, CiU, CC, IC-V y ERC) fue la falta de unanimidad a la hora de aprobar el texto en la aprobación. Es la primera vez que se aprueba una reforma de seguridad viaria sin consenso. El PP votó en contra al considerar "precipitada" la elaboración del texto y discrepar de algunas disposiciones. Los conservadores no son partidarios de fijar límites concretos para la velocidad. Prefieren que el juez siga siendo quien determine si el exceso de velocidad es delictivo. "No es lo mismo circular cerca de un colegio que por una travesía deshabitada de madrugada", ejemplificó su portavoz, Federico Souvirón. Para el alcohol proponía subir el límite delictivo a 1,5 gramos.

El PNV y los tres diputados de Izquierda Unida (IU) se abstuvieron con argumentos curiosamente parecidos a los del PP. Isaura Navarro (IU) habló de falta de debate y Margarita Uría (PNV) consideró que la cárcel no es la mejor solución. Jordi Jané (CiU) les recordó que la reforma es la culminación de un largo camino. El texto fue promovido por Interior hace dos años. Luego fue debatido y consensuado a lo largo de un año en el seno de la comisión de Seguridad Vial. Allí comparecieron 19 expertos de asociaciones de víctimas, automovilistas y juristas. Más adelante fue presentado en el Congreso dentro de una reforma más amplia del Código Penal, pero al paralizarse su tramitación el Gobierno optó por desgajar la parte de seguridad viaria y darle una tramitación exprés.

INCOHERENCIA DE IU El socialista Victorino Mayoral fue más allá en la respuesta. Dado que la precipitación no ha existido, se preguntó si no será que el PP ha decidido seguir el dictado del ex presidente Aznar, aquel que dijo: "A mí nadie me dice cuánto tengo que beber o correr".

La nueva norma deberá ser examinada por el Senado, donde aún podrían introducirse cambios. En cualquier caso, una vez de vuelta al Congreso, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A finales de noviembre a más tardar.