La precaria regulación laboral del profesorado de Religión de los centros públicos de enseñanza ha obligado al Estado español a pagar 286 millones de euros (47.586 millones de pesetas) en indemnizaciones a más de 6.000 docentes en los últimos 25 años, según las últimas evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación (MEC). Y la cifra previsiblemente crezca en unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) hasta la extinción de los pleitos todavía en curso, admitió ayer el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea. El MEC sostiene que el nuevo decreto que regulará el estatus laboral de los docentes de Religión, a punto de aprobarse, pondrá punto final a esta situación.
Gurrea explicó que la elevada cuantía que ha tenido que satisfacer la Administración en concepto de reclamaciones judiciales, desde que en 1979 se firmaron los acuerdos con el Vaticano en materia de enseñanza, se remonta a 1982 y comprende dos periodos diferenciados.
IMPAGO DE HORAS Hasta 1998 el grueso de las demandas van dirigidas contra el pagador de los salarios, la Conferencia Episcopal, a la que el Estado entregaba anualmente una subvención para costear las retribuciones de los enseñantes, y aluden al impago de horas añadidas o extraordinarias. El Tribunal Supremo sentenció entonces que la Administración era la responsable de la situación y le obligó a hacer frente a las resoluciones judiciales contrarias a los obispos.
A partir del primero de enero de 1999, el Ministerio de Educación se convierte en el empleador de los docentes por periodos sucesivos de un año (del primero de septiembre al 31 de agosto), a los que paga directamente como interinos, y ello cambia la naturaleza de los pleitos. Desde entonces han proliferado las sentencias judiciales en las que se condena a la Administración por abusar de la contratación laboral, por un lado, y no entregar una retribución anual equivalente a ocho días de salario al interrumpirse el contrato.
Una minúscula parte del dinero pagado en indemnizaciones se ha destinado al pago de despidos improcedentes (una veintena) ejecutados por Educación a instancias de los obispos, que han retirado su confianza en los docentes sin aportar razones. En estos casos, los afectados han recurrido argumentado que ello respondía a motivos como haberse divorciado o participar en una huelga y los jueces les han apoyado.
